​El concejal Eloi Badia pide que la ATLL devuelva el dinero de los cobros indebidos, pero no pedirá que se investigue el entramado del concurso

 

Eloi Badia atiende de nuevo a los medios de pie y sin habilitar sala de prensa

Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente del Área de Medio Ambiente de la AMB , ha pedido que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo en la que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló la adjudicación de la gestión del agua en alta a la multinacional ACCIONA.

En un encuentro con los medios, en el que una vez más los periodistas han trabajado de pie y no en sala de prensa, el concejal ha manifestado que "desde hace cinco años la ciudadanía está pagando unos costes que no se corresponden  y que además no han repercutido en la mejora del servicio sino que se han destinado a ámbitos no relacionados con el agua, sino que ha representado un lucro del servicio". 

Badia dice desconocer lo que representa la subida indebida de estos cinco años, pero es una cantidad importante.

ACCIONA no es el concesionario legítimo porque estaba en precario, lo que quiere significa que no puede obtener retribuciones ni aumentar su margen económico. 

"La concesión ha quedado nula, y el precarista no tiene derecho a percibir una serie de elementos", afirma Badia, que no ha detallado la cifra que pide que se devuelva a los ciudadanos, algo que forma parte de la contabilidad de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Sobre la posibilidad de que ACCIONA pueda presentar una demanda de reclamación de cantidades por daños y perjuicios, Badia piensa que sí que lo hará después de las garantías que le dieron en su día el Gobierno de la Generalitat, con un viaje de Artur Mas a Brasil para tranquilizar al presidente del banco brasileño que financió la operación y la posterior carta firmada por el propio presidente dirigida a Andrés Esteve en la que le garantizaba que su situación no era precaria.

NO PEDIRÁ QUE SE INVESTIGUE EL ENTRAMADO DEL CONCURSO

Catalunyapress ha preguntado al regidor si también pedirían que se abra una investigación para pedir responsabilidades a la cúpula de la ACA que realizó el concurso, entre los que estaba Leonard Carcolé y Joan Pinyol, ahora a sus órdenes en la AMB. Pinyol jugó un papel importante en la privatización del agua y ahora es un defensor de lo contrario, es decir, apuesta por la gestión pública. Badía ha manifestado que el lo único que pide es que la gestión pase a manos públicas, sin entrar en otras consideraciones.

Dada la situación, Badia ha pedido a la ACA que convoque un consejo de administración que retire la subida del 11,8% de la tarifa del agua en alta de ATLL. También reclama que el tema sea tratado en el primer pleno que se realice, en el Parlament de Catalunya. En los próximos días, se presentará el recurso de la subida del 11,8%.

ACCIONA MANTIENE SU CONCESIÓN

Acciona mantendrá la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y seguirá prestando este servicio hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que el grupo también presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 2015 que anulaba la adjudicación de este contrato.

En el auto emitido este miércoles, el Alto Tribunal sólo falla en relación a los recursos presentados por la Generalitat de Catalunya y por Agbar, la otra compañía que pujó por ATLL e impugnó su adjudicación a Acciona en 2012.

Acciona indica que su recurso "todavía no ha sido resuelto" y que, por lo tanto, "no ha sido notificada sentencia alguna al respecto".

Además, la compañía que preside José Manuel Entrecanales indica que su recurso "está fundamentado en motivos distintos a los recursos" sobre los que acaba de pronunciarse el Supremo ratificando la decisión del Tribunal Superior de Catalunya.

Así, Acciona indica que, una vez el Alto Tribunal se pronuncie sobre su recurso y les sea notificada la sentencia, "analizará los fundamentos jurídicos de su fallo" para, en su caso, "determinar las acciones legales y judiciales que correspondan".

Mientras tanto, la compañía recuerda que, según lo establecido en el contrato de concesión de la ATLL, está "obligada" a continuar prestando el servicio de gestión de agua hasta que, llegado el caso, se resolviera el contrato de concesión, se firmara el acta de retorno de los bienes y derechos afectos al servicio público y se abonara la a empresa el importe de la correspondiente compensación.

En este supuesto, la Generalitat debería reintegrar a Acciona los 300 millones de euros de canon inicial pagado en el momento de la adjudicación, más los cánones abonados posteriormente y las inversiones realizadas hasta la fecha.

A ello se sumaría la eventual indemnización por lucro cesante que podría reclamar la empresa.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

En concreto, en virtud del contrato, Acciona tiene la obligación de realizar mejoras sobre las infraestructuras de agua y adecuaciones de tipo técnico y de seguridad en el plazo de diez años desde la firma del contrato por un importe total de 139 millones de euros.

Asimismo, incluye una cláusula para el supuesto de resolución anticipada del mismo que establece que, en ese supuesto, la Generalitat debe abonar a la concesionaria una compensación que cubra la parte no amortizada del canon total de la concesión, la parte no amortizada de las inversiones y gastos adicionales.

Acciona controla actualmente el 76,05% de la sociedad concesionaria de la ATLL que se adjudicó en 2012 y que consolida globalmente en sus cuentas desde comienzos de 2016.

El grupo se hizo en enero de ese año con dicha participación mayoritaria al comprar el porcentaje del 37% que tenía el banco brasileño BTG Pactual.

El resto del capital de esta firma está en manos de inversores particulares.