Pimentel: "No debemos generalizar la corrupción como algo propio de la gestión de los servicios públicos"

Manuel Pimentel (Sevilla, 1961) es empresario, escritor, editor y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En su carrera literaria ha escrito obras diversas de narrativa y ensayo, y en el libro 'El interés general y la excelencia de los servicios públicos' (Editorial Almuzara), del que es coeditor, defiende que la gestión de los servicios municipales debe ir en favor de los ciudadanos, más allá de que sea pública, privada o mixta.

¿Las políticas municipales son las más cercanas en el día a día del ciudadano?

Sin duda alguna, ya que conforman su hábitat cotidiano. Basuras, agua, limpieza de calles. Sin los servicios municipales, la ciudad, sencillamente, no sería posible.

Cuando estas políticas municipales funcionan bien, como la recogida de basuras o el alumbrado público, no hay reconocimiento, pero si algo falla, las quejas son rápidas y muy visibles. ¿Es poco agradecido gestionar servicios públicos?

Está claro que una adecuada prestación de los servicios públicos impacta de forma directa en nuestra calidad de vida. Sus resultados son tangibles y comportan un elevado nivel de exigencia para quien los presta. Como ciudadanos tenemos derecho a exigir calidad y transparencia en su prestación. Pero, como en cualquier otra actividad, la gestión excelente siempre se agradece.

¿De qué debería depender que un servicio público externalice la gestión?

Todos los modelos de gestión son posibles y para decidir entre ellos no hay que partir de apriorismos ideológicos: es preciso pensar en el bien común, en el interés público y del ciudadano, evaluar técnicamente las necesidades y cumplir la legislación. 

La decisión de optar por un modelo u otro de gestión de un servicio público debe fundamentarse en términos de calidad y eficiencia, tal y como recoge la normativa europea. 

Hay que preguntarse quién va a gestionar el servicio de forma más eficiente y económicamente más sostenible. La gestión debe estar al servicio de los ciudadanos y no de las ideologías.

¿Por qué sostienes que el término 'remunicipalización' es incorrecto y debería hablarse de 'internalización'?

Tanto por nuestra Constitución como por nuestras leyes, la titularidad de los servicios públicos siempre es pública. No se puede, por tanto, remunicipalizar lo que siempre fue municipal. El término 'remunicipalización' evoca una recuperación de lo público para el municipio, cuando lo cierto es que nunca ha dejado de ser de titularidad municipal. Otra cosa es que, legalmente, ese servicio pueda prestarse de manera directa por el municipio, o externalizando su gestión a través de una empresa.

¿Quién se beneficia hablando en términos de 'remunicipalización'? 

Con el auge de los partidos populistas a partir de las últimas elecciones municipales, muchos han visto una oportunidad para reforzar su discurso contra lo privado de forma injustificada. En nuestro libro 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos', sostenemos que la gestión de los servicios públicos debe responder a la mejor satisfacción del interés público y no atender a criterios ideológicos que, en muchas ocasiones, terminan perjudicando al ciudadano.

¿En qué casos has visto más vocación ideológica y partidista que de aportar un servicio público de calidad? 

Hemos podido asistir a muchos ejemplos. En general, cuando un servicio que ha estado bien prestado y a plena satisfacción ciudadana se quiere “remunicipalizar”, suele ocultar un simple ejercicio ideológico. Lo importante es la ideología y no la evaluación técnica, de calidad ni financiera.

¿Qué casos de abuso en la gestión municipal deben ser corregidos? 

Las leyes otorgan un gran margen a la gestión municipal. A cambio, los ayuntamientos deben cumplir las leyes y garantizar la seguridad jurídica. Por su parte, los prestadores de servicios deben garantizar la calidad y cumplir con todos sus compromisos. Si se incumplen, las leyes y los pliegos contemplan las correspondientes sanciones. 

En cualquier caso, la Administración juega un papel fundamental, ya que es su cometido actuar como garante y supervisor de la calidad de un servicio. Con una buena labor de control no hay lugar para posibles abusos, que no son nada frecuentes, por cierto.

¿La corrupción es una losa que hace sospechar de la gestión municipal?

Sin duda alguna hay que hacer un especial esfuerzo de transparencia para alejar cualquier sombra de corrupción. Pero no debemos generalizar la corrupción como algo propio de la gestión de los servicios públicos.

Según tu experiencia política, como exministro de Trabajo, ¿hay políticos con vocación del servicio público en todos los partidos?

Sin duda alguna. Lo que ocurre que a veces son poco visibles porque, en general, dedican más tiempo al debate político que a la gestión pública, tarea muy exigente y discreta y, con frecuencia, con menos relumbrón electoral.

¿Falta criterio de evaluación técnica a la hora de decidir si una gestión es pública, privada o mixta? 

Es un aspecto prioritario y básico sobre el que debe pivotar la elección de un modelo de gestión u otro. Hay que exigírselo a cualquier ayuntamiento. Muchos de ellos la hacen adecuadamente, aunque a otros sólo les interesa el discurso político.

¿Qué ventajas y peligros tiene la subrogación de contratos? 

La cuestión no es tanto esa, sino qué ocurre con los empleados de un operador privado que gestiona un servicio que pasa a ser reinternalizada. En este caso, hay que recordar que un contratado laboral no pasa de forma automática a convertirse en funcionario. 

Además del proceso a través de concurso de méritos que debe pasar cada empleado público, hay que tener en cuenta que la decisión está sometida a las leyes de presupuestos en las cuales siempre hay una limitación en materia de tasa de reposición.

El caso de la gestión del agua es uno de los más polémicos, ¿tiene el ciudadano información suficiente y transparente? 

Al ciudadano, el debate le llega muy sesgado, ya que sólo se conoce la opinión de los políticos y no el balance sosegado de los datos. Al ciudadano no le preocupa si la gestión es pública o privada, solo quiere abrir el grifo y que salga agua de calidad, con buena presión, al mejor coste y en cualquier situación.

En el libro se habla del delito de prevaricación omisiva si la Administración no cumple con el deber de vigilancia en procesos de concesión. ¿En qué consiste? 

Se trata de casos en los que de forma intencionada la autoridad pública permite que se esté haciendo algo que por ley no se debe consentir. La administración no puede renunciar, en ningún caso, a su propia responsabilidad, ni en el momento de la concesión ni el posterior desarrollo de ésta.