El Ayuntamiento de Viladecans: ¿juez y parte en la construcción del "edificio de la vergüenza"?

 

CatalunyaPress.- Dos días después de conocerse el contenido del informe de cinco páginas que daba luz verde a continuar las obras del bloque de siete pisos en la calle de Josep Pallach en Viladecans (también conocido como el “edificio de la vergüenza” o la “cacicada del alcalde”), el constructor del mismo, con una rapidez inusual, ha continuado las obras de las tres plantas que estaban paralizadas, sin que nadie del Ayuntamiento hubiera hablado con la comisión de vecinos constituida para el tema. Se terminaron las negociaciones.

La maniobra del ayuntamiento ecosocialista de Viladecans ha sido crear una comisión porque así lo decidió el pleno y encargar a los servicios jurídicos del Área de Planificación Territorial estudiar la “legalidad de la construcción”. Esta última es algo que nadie pone en duda, a diferencia de la “legalidad política y ética” del equipo de gobierno formado por PSC e ICV-EUiA, que antepone los intereses particulares del Ayuntamiento a los de los vecinos y a la estética del municipio, pues este “edificio de la vergüenza” supone un grave impacto visual.

El estudio, como estaba previsto, dio la razón al Ayuntamiento y el responsable de urbanismo y teniente de alcalde, Pere Gutiérrez, hombre de confianza del alcalde, Carlos Ruiz, ha dado por cerrado el tema. No ha querido valorar aspectos como el coste del derribo de las tres planta o la compensación con otro terreno al constructor que podría cederle - el Ayuntamiento es propietario de un terreno al lado del edificio--. Tampoco han querido negociar otras soluciones con CONSTRUCCIONES APOLO, empresa que trabajó mucho en Viladecans.

Lo curioso del tema es que una de las personas que firma el informe es Josep Enric Luján Lerma, jefe del departamento de Serveis Jurídics de l'Àrea de Planificació Territorial del consistorio, quien también preside la Junta de Compensación afectada. Es un abogado muy activo y gran conocedor de los “temas urbanísticos” de Viladecans.

Lo hecho es legal, nadie lo pone en duda, porque el Ayuntamiento tiene la potestad de modificar cualquier zona con el consentimiento de la Generalitat, que generalmente no pone en entredicho las decisiones del consistorio. Pero ¿es ético que la persona que autoriza el tema sea, a la vez, quien tiene que evaluar la legalidad o no de la edificación? No se trata de un tema de “legalidad”, sino de una decisión política, de pura especulación, de desastre urbanístico y de perjuicio para la ciudadanía.

Lo normal hubiera sido que el estudio lo realizara alguien ajeno al tema porque el Ayuntamiento no debiera ser, por ética, juez y parte.

El día que el pleno aprobó paralizar la obra de las tres últimas plantas, según algunas de las personas, Luján Lerma se puso muy nervioso y llegó a afirmar ante los que lo escuchaban que “eso no prosperaría”. Los vecinos han manifestado su intención de seguir recogiendo firmas y no dejarán de protestar por lo que consideran una chapuza urbanística y un caso de especulación pura y dura.