La ley del referéndum no prevé una participación mínima para validar el resultado

 

El proyecto de ley del referéndum (consulta el texto completo) no prevé una participación mínima para validar el resultado, amparándose en las indicaciones de la Comisión de Venecia, según ha explicado este martes la portavoz de JxSí, Marta Rovira, durante la presentación de la ley en el auditorio del Parlament.

La normativa que ampara el referéndum ha sido redactada por JxSí y la CUP con ayuda de "multitud de expertos" y ha sido presentada este martes en el auditorio del Parlament en un acto al que se había invitado a todos los diputados pero al que finalmente han acudido los de Podem y EUiA, además de los diputados de los dos grupos impulsores.

Amparándose en los estándares de la Comisión de Venecia, la ley no fija una participación mínima para dar por válido el resultado de la consulta, pero tanto JxSí como la CUP han insistido en la necesidad de que la afluencia sea "un éxito".

Han recordado que la Comisión de Venecia propone no fijar un mínimo de participación en los referéndums para evitar posibles boicots por parte de los detractores de la consulta. Eso, sí se han olvidado mencionar que el mismo organismo dictaminó que la consulta no tendrá validez si no se se pacta con el Estado ni se ampara en la Constitución.

También han reiterado que el 1-O no tendrá nada que ver con la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014, que no fue vinculante y que tampoco contaba con un censo previo: entonces los ciudadanos debían autorizar su inclusión en el censo en los puntos de votación antes de introducir la papeleta en la urna.

LEY "SUPREMA" CON FECHA DE CADUCIDAD

La futura ley del referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta y blindarles de cualquier actuación judicial por parte del Estado. 

Eso sí, se trata “una ley excepcional”, ha admitido el vicepresident del Parlament, Lluís Corominas. Según ha revelado, dejará de estar vigente tras la votación y por tanto confirma que se ha hecho a medida de los deseos del Govern.

La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un "decreto de normas complementario" que establecerá los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo de la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.

Otro punto que concreta el proyecto de ley es que el espacio para campaña electoral se dividirá en un 70% para los partidos y en un 30% para las entidades soberanistas, que previamente deberán ser acreditadas.

La ley del referéndum se publicará en la web 'garanties.cat', con la que el Govern quiere promover la participación en el referéndum, y se registrará en las próximas semanas en el Parlament.

JxSí y la CUP estudian poderla aprobar a través de la lectura única, un procedimiento de máxima urgencia que le daría luz verde en pocas horas y sin debate previo: este mecanismo se ha incluido en la reforma del reglamento del Parlament que varios grupos de la oposición han recurrido al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Este órgano consultivo debe pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad de extender el uso de este mecanismo hasta ahora reservado al Govern, pero en cualquier caso no hay obligación de cumplir con sus dictámenes.

Inicialmente estaba previsto que la ley del referéndum se presentara junto a la ley de transitoriedad jurídica, que sienta las bases de la independencia, pero finalmente los grupos independentistas han decidido separarlas: la segunda norma se revelaría y pondría en marcha una vez se conozca el resultado de la votación.

LÍMITE 48 HORAS

El proyecto de ley recoge que el Parlament proclamará la independencia "inmediatamente" si gana el 'sí', para dar paso a un proceso constituyente que culmine en una constitución para la nueva república catalana.

La normativa declara al Parlament soberano y le habilita para impulsar un referéndum de independencia con resultados vinculantes: si gana el 'sí' se declarará la independencia como máximo 48 horas después de la proclamación definitiva de los resultados.

Esto no implica necesariamente que la proclamación de la independencia sea el 3 de octubre, sino que podría ser después, porque los resultados pueden impugnarse, pero este proceso no se dilataría más de diez días.

SINDICATURA ELECTORAL

También para garantizar la neutralidad, se creará una Sindicatura Electoral que asumirá las competencias que en cualquier contienda ordinaria tiene la Junta Electoral Central, y será el órgano "responsable de velar por la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del ejercicio efectivo de los derechos electorales".

La Sindicatura Electoral estará formada por cinco miembros --juristas y politólogos-- propuestos por el Parlament y avalados por una mayoría absoluta, y de entre ellos se elegirá a un presidente --que pasará a denominarse Síndic Electoral-- y a un secretario.

De este organismo dependerán cuatro sindicaturas de demarcaciones con tres miembros cada una de ellas, que representarán a cada una de las cuatro circunscripciones electorales --correspondientes a las cuatro capitales catalanas--, y se encargará de velar por la imparcialidad y el pluralismo de los medios de comunicación y también del escrutinio final: en consecuencia, certificará los resultados del referéndum.

El Govern ha concretado que las mesas electorales que se constituirán el día de la votación se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral.

En caso de que no se presenten miembros de las mesas, la Sindicatura Electoral de la demarcación designará inmediatamente las personas que deben constituirla "pudiendo ordenar que formen parte de ella el número de electores presentes en el local".

Podrán participar todas las personas con derecho a voto "en una convocatoria electoral convencional" que sean residentes en Catalunya y en el exterior --en este segundo caso se necesitará una acreditación especial--, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.

CENSO ELECTORAL

Todos los catalanes con derecho a voto constarán en el censo del referéndum, lo que configurará un listado "como el que se hace siempre" en unas elecciones autonómicas, y todos los ciudadanos recibirán información censal con los detalles de la votación.

Lo han explicado este martes a la tarde el presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y la portavoz, Marta Rovira, en el acto que el Govern y el grupo parlamentario han celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para dar los detalles del proyecto de ley del referéndum, en el que se ha garantizado que la convocatoria tendrá todas las garantías para que se pueda "votar como siempre".

"Como siempre, todos podrán participar con la máxima normalidad y tendrán toda la información a su alcance", después de que el Govern elabore el censo con todas las personas con derecho a voto sin su autorización previa --como sí ocurrió en el 9N--, ha detallado Turull.

En el referéndum "podrán votar los de siempre" y no podrán hacerlo aquellos que hayan sido declarados incapaces o estén inhabilitados por sentencias judiciales, como en cualquier otra votación.

Sobre los catalanes que residen en el extranjero que quieran participar en el 1-O, han detallado que deberán estar doblemente registrados: en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (Cera) estatal --en el que constan unos 200.000 electores-- y en el Registro de Catalanes Residentes en el Extranjero --en el que de momento hay apuntadas unas 5.000 personas--.

La ley hace referencia a la posibilidad de que los catalanes en el exterior podrán votar por correo pero no se alude al voto electrónico, que todavía se encuentra en tramite parlamentario, y se exigirá que la última vecindad administrativa sea en Catalunya.

OBSERVADORES

De entre todas las funciones de la Sindicatura Electoral, destaca la acreditación de un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.

La ley recoge que todas las autoridades públicas tendrán la obligación de colaborar con la Sindicatura Electoral, y el texto dedica un apartado a los ayuntamientos: deberán poner a disposición de este órgano electoral todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación.

Si se niegan, la ley prevé que entonces el Govern podrá habilitar locales alternativos, y también exige que en todo momento el Ejecutivo deberá facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento.

ACTO EN EL TNC

Tras la presentación en el Parlament, el Govern ha escenificado su acto 'Garantías para la democracia' en el Teatre Nacional de Catalunya para explicar detalles del proyecto de ley del referéndum, en que también ha participado el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; el presidente y la portavoz de JxSí en el Parlament, Jordi Turull y Marta Rovira, y el diputado del grupo Lluís Llach.

En el evento, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que el 1 de octubre no habrá choque de trenes Estado-Generalitat, sino que "uno de ellos quedará en vía muerta, en la del statu quo, y otro continuará la marcha".

Puigdemont se ha erigido junto con su ejecutivo como garante de que los catalanes votarán, como la herramienta que lo hará posible, también para los que apuesten por el 'no' a la independencia: "¿Quién se lo garantizará? ¿Rajoy? ¿El Estado? Les están diciendo que no pueden votar".

Durante el acto, se ha referido a las urnas del referéndum y ha dicho que "algunas de ellas" son las urnas de metacrilato colocadas sobre el escenario, pese que el concurso para homologar empresas fabricantes de urnas que abrió el Govern quedó desierto.

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado que el Estado está "obligado" legalmente a aceptar el referéndum del 1-O porque creó su marco legal en torno al respeto de los derechos fundamentales y, en concreto, del derecho de autodeterminación de todos los pueblos y comunidades políticas.

Al acto han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los miembros del Govern, los diputados de JxSí --todos ellos compartiendo el acto desde el escenario--, la mayoría de diputados de la CUP, los presidentes de ANC, Òmnium y AMI --Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Neus Lloveras--, alcaldes de ayuntamientos de JxSí, el expresidente Artur Mas y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que han sido recibidos con gritos de 'independencia' del público.