El Pacto sobre Violencia de Género es insuficiente para las feministas que piden más medidas de protección
“Faltan modificaciones legislativas y judiciales además de medidas de mayor protección a las mujeres”, han señalado las asociaciones de mujeres sobre el recién aprobado Pacto de Estado sobre la Violencia de Género.
“Faltan modificaciones legislativas y judiciales además de medidas de mayor protección a las mujeres”, han señalado las asociaciones de mujeres sobre el recién aprobado Pacto de Estado sobre la Violencia de Género.
Asimismo, la postura crítica de Podemos ante este pacto no permitió su aprobación por unanimidad de todos los grupos del Congreso. La formación que lidera Pablo Iglesias justifica en buena medida su abstención por echar en falta un compromiso económico tangible y un calendario que garanticen su ejecución.
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha afirmado que "la expectativa de un Pacto de Estado es algo más que un conjunto de medidas". En este sentido, ha señalado que faltan modificaciones legislativas y de tema judicial, pues señala que "hay un problema con la justicia" puesto que "no siempre es una solución para las mujeres, las victimiza y las protege mal".
"No entiendo que una modificación del 416 no haya estado", añade en referencia al artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la dispensa de la obligación de declarar de parientes y cónyuges de los acusados.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Fundación Mujeres, ha destacado que el Pacto "era un ejercicio necesario" en un contexto en el que "no se había hecho una evaluación seria de la ley" y que, a pesar de que se trate de un "acuerdo de mínimos", espera se pueda "seguir trabajando" y que "los mecanismos de seguimiento den cuenta de que lo que esta recogido se cumpla".
Así, ha señalado que la lucha contra la violencia de género "es una carrera de fondo" y ha añadido que "un documento no va a acabar con ese tema", para lo que es necesario "compromisos y reflexiones de la sociedad" así como medidas que "se ejecuten con lealtad y efectividad".
Por su parte, la presidenta del Fórum de Política Feminista, Nina Infante, ha destacado que la modificación de la Ley 1/2004 sobre la protección de la violencia sexual es clave pero que "ha quedado inconcreto" pese a ser algo "fundamental".
Afirma que las mujeres tienen miedo a denunciar y que en ocasiones retiran la denuncia por ese miedo y falta de confianza. "Las personas que sufren violencia tienen que tener la convicción y la confianza de que hay un amparo", que afirma esto debe ser extensible a toda la sociedad.
Asimismo, también destaca el caso de Juana Rivas para pedir una mayor protección a los menores que asegura también son víctimas pues "sufren violencia cuando la sufre la madre". Igualmente, afirma que se "debe concretar" cuánto dinero va a estar destinado a los ayuntamientos pues lo que en principio se ha comentado, es a su juicio, "insuficiente" ya que son "las administraciones de mayor posibilidad de actuación".
La Federación de Mujeres Progresistas hizo por su parte una propuesta a la subcomisión para que se impidiese a los maltratadores "de manera imperativa" continuar con el ejercicio de la custodia de sus hijos y pedía igualmente la derogación del artículo 416.
"Es clave que se derogue porque lo que hacen muchas víctimas es acogerse a ese derecho y, como no hay más prueba de cargo, eso se traduce en una absolución y es tomado por los que alimentan el falso mito de las denuncias falsas como que ha sido una denuncia falsa cuando en realidad no lo es", explicó a principios de la semana pasada la presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro a Europa Press.
MIL MILLONES PARA CONCIENCIAR Y EDUCAR EN LA IGUALDAD
En cuanto al reparto de los 1.000 millones de euros ofrecidos por el PP para incluir en el Pacto de Estado, Besteiro apuntó que es una "buena noticia" y ha citó algunos puntos "clave" a los que debería destinarse como las campañas de concienciación y la educación en igualdad en todas las etapas escolares.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo consideró los 200 millones al año, para la lucha contra la violencia como una cantidad "mezquina".
Concretamente, comentó a Europa Press que es "importantísimo" que los partidos políticos se tomen "muy en serio" el tema de la violencia de género, que, en su opinión, no es "sólo" matar a la mujer, sino que también es "maltratarla, hacerle perder su identidad como persona o destruirla psicológicamente".
En la misma línea, ha añadido que la igualdad real "sigue sin existir", ya que los hombres "maltratan porque pueden" y "humillan porque pueden". "La violencia machista tiene un origen y hay que atacarlo. La violencia de origen es aquella que define que la mujer está en una posición inferior al hombre", ha añadido.
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