Hacienda reúne pruebas contra cuatro consellers y el DOGC publica la suspensión de la ley del referéndum
Los miembros del actual Govern de la Generalitat se enfrentan a elevadas multas por desobediencia y malversación si se celebra el referéndum del 1-O.
Continúan las acciones del gobierno central contra la celebración del Referéndum.
El Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicado este lunes la suspensión de la ley del referéndum once días después de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.Mientras Hacienda lleva 3 meses investigando a todos los cargos del Govern para detectar movimientos de protección de su patrimonio.
El Dogc de este lunes, recogido por Europa Press, también incluye la notificación a todos los miembros del Govern y de la Mesa, así como a los seis integrantes de la Sindicatura Electoral y a los letrados del Parlament.
La providencia del TC recuerda a todos los notificados la necesidad de cumplir con esta resolución y de impedir cualquier trámite relacionado con la organización del referéndum.
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, afirmó el martes que desconocía por qué el Dogc no había publicado aún la suspensión cautelar cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) la publicó al día siguiente.
A su vez, Turull reiteró que el Govern obedecerá el decreto de convocatoria del 1-O y no a la suspensión del TC.
HACIENDA RASTREA EL LEVANTAMIENTO DE PATRIMONIO DE LOS CONSELLERS
Los miembros del actual Govern de la Generalitat se enfrentan a elevadas multas por desobediencia y malversación si se celebra el referéndum del 1-O y el Ejecutivo de Mariano Rajoy actuará directamente contra todos los implicados en la organización.
De momento Hacienda ha detectado que, en los últimos meses, tres altos cargos más de la Generalitat han puesto una parte de sus bienes a nombre de terceros. Con estos movimientos se pretente impedir que la Justicia les obligue a responder con su patrimonio por la organización de la consulta ilegal del próximo 1 de octubre.
Por eso la Agencia Tributaria lleva semanas recopilando las declaraciones de bienes activos y pasivos que los propios miembros del Govern han proporcionado al área de transparencia de la Generalitat.
Los responsables tendrán que asumir de su propio bolsillo las sanciones económicas que podría acarrear la celebración del referéndum.
Tras las comprobaciones Hacienda presentará una denuncia ante la Fiscalía para que actúe contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes.
El Tribunal de Cuentas ya dictó en julio un auto con el que iniciaba el procedimiento para condenar al ex presidente Artur Mas, a su vicepresidenta Joana Ortega y a los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau a pagar de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la organización de la consulta ilegal del 9-N. Los cuatro dirigentes del PDeCAT ya han sido condenados a penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
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