Puigdemont no acepta su cese y pide "oposición democrática"

 

El presidente cesado del Govern, Carles Puigdemont, ha pedido la "oposición democrática" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ha cesado al Govern en pleno. 

En un mensaje grabado, emitido por TV3 -que sigue presentado a Puigdemont como presidente de la Generalitat- ha expresado que el Parlament ha cumplido con el " mandato de las urnas" del referéndum celebrado el 1-O y que, por tanto, la decisión del Consejo de Ministros de cesar al Ejecutivo catalán, es un "decisión contraria" a la de los ciudadanos en las urnas.

Puigdemont ha lamentado que el anuncio de Rajoy de cesarle y de disolver el Parlament supone una intervención del autogobierno catalán y "son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos del país en las urnas".

Así, ha destacado que "en una sociedad democrática" son los parlamentos los que "eligen o cesan a los presidentes".

También ha expresado que es la "reacción propia de un país maduro" y que continuarán "perserverando en la única actitud" que los puede hacer "ganadores".

Puigdemont también ha pedido respetar las "protestas de los catalanes que no están de acuerdo" y continuar "trabajando" para "cumplir los mandatos democráticos" con  "paciencia, perseverancia y perspectiva". 

NACIÓN DE EUROPA

Así, el presidente cesado ha expresado que perserveran "para construir un país libre", por lo que seguirán trabajando, para seguir siendo una "nación de Europa".

Esta es su primera intervención desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara el cese del Govern en pleno, así como el cierre de las denominadas como 'embajadas' catalanas, excepto la de Bruselas, y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

USURPACIÓN DE FUNCIONES

Los consellers que no acepten su cese y que pretendan acudir a su despacho, para seguir al frente de la gestión de su área, se enfrentan a un delito de usurpación de funciones, según ha informado el Gobierno.

Este delito se recoge en el artículo 402 del Código Penal. que castiga al "que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial". Las penas oscilan entre uno y tres años.