L'Hospitalet no cortará el agua a quien no la pueda pagar
El objetivo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua en los casos de impago por carencia de recursos económicos.
Para no cortar el agua a nadie que no la pueda pagar.
La alcaldesa de La Hospitalet, Núria Marín, y el director general de Aguas de Barcelona, Ignacio Escudero, han firmado el protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética.
El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no lo pueda pagar por carencia de recursos económicos, en aplicación de la Ley 24/2015.
El protocolo se suma a las medidas puestas en marcha unilateralmente desde hace cinco años por Aguas de Barcelona para no cortar el agua a nadie que no la pueda pagar.
FONDO DE SOLIDARIDAD
Desde 2012, además de garantizar el agua, la compañía dispone de un Fondo de Solidaridad para ayudar a pagar el consumo de agua a las familias con dificultades.
Este fondo, que se gestiona en coordinación con los servicios sociales de los municipios del área metropolitana proveídos por Aguas de Barcelona, ya ha bonificado la factura del agua cerca de 18.700 familias en situación de vulnerabilidad, con una inversión superior a los 7,6 millones de euros.
En La Hospitalet, se han otorgado ayudas además de 3.500 personas, a las cuales se han destinado más de 1.420.000 euros.
POBREZA ENERGÉTICA
La alcaldesa ha destacado la disposición de Aguas de Barcelona a abordar la pobreza energética y ha dicho que “el convenio que firmamos es un ejemplo de que en el sector privado hay algunas empresas que sí trabajan en esta dirección".
El Ayuntamiento, ha explicado Núria Marín, desarrolla proyectos estratégicos de presente y de futuro para la ciudad “a la vez que acompañamos las personas que lo necesitan”.
De acuerdo con la Ley 24/2015, el protocolo establece el procedimiento que hay que seguir para garantizar el agua en todo el mundo quien lo necesita.
SERVICIOS SOCIALES
Según este documento, Aguas de Barcelona tendrá que solicitar a los servicios sociales del consistorio un informe de valoración para determinar si la persona o unidad familiar que tiene facturas impagadas está en una situación de exclusión residencial.
En caso de que estos indiquen que se trata de una persona o una unidad familiar vulnerable, la compañía garantizará el suministro.
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