​El fiscal defiende que pactó para que Millet reconociera los hechos

 

El fiscal Emilio Sánchez Ulled llegando a la Ciudad de la Justicia

El consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y fiscal que llevó el caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, ha defendido este martes que llegó a un pacto con el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet "para que, si se reconocían los hechos, se hacía una concesión y había una rebaja de la pena".

Ulled pidió diez años y dos meses de prisión para Millet y su exdirector administrativo, Jordi Montull, y finalmente se los ha condenado a nueve años y ocho meses de prisión y a siete años y medio de prisión, respectivamente, pero para la hija de Montull, Gemma Montull, la pena ha sido superior a la solicitada: cuatro años y medio de cárcel pese a que la Fiscalía pedía dos.

"El objetivo era el reconocimiento de los hechos", ha insistido en declaraciones a Catalunya Ràdio después de que la Audiencia de Barcelona condenara a Millet a nueve años y ocho meses de prisión y a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión por el saqueo de la entidad cultural.

Ha previsto que las defensas recurrirán al Tribunal Supremo -"No tengo ninguna duda"- y ha apuntado a que la Fiscalía podría hacer lo mismo ya que no se ha condenado a la empresa Ferrovial por el pago de comisiones a CDC a través del Palau porque la juez considera que el delito ha prescrito.

"Hicimos unos determinados cálculos y consideramos que no había prescrito. El tribunal no lo ha considerado así: ha hecho sus propios cálculos y ha dicho que sí había prescrito", por lo que ha supuesto que se presentará un recurso de casación.

Ulled ha defendido que, aunque la financiación de partidos políticos por parte de empresas era legal en el momento de los hechos investigados, se han juzgado "unos delitos determinados" como son el de tráfico de influencias retribuido y el desvío de fondos hacia el partido, ha señalado.

"Si en ese momento la financiación de los partidos políticos hubiera sido ilegal, tendríamos los mismos delitos y uno más", y ha celebrado que la sentencia asume el 95% de la tesis de la Fiscalía.

Asimismo, ha rechazado que haya que compensar al Palau por el dinero desviado a CDC porque "el dinero nunca tuvo como destinatario al Palau de la Música", sino que la entidad fue una cañería que permitió el movimiento de fondos, como la ha definido.