Milei modifica una ley para poder llamar "idiota" o "imbécil" a los discapacitados mentales
Javier Milei introduce cambios controversiales en la normativa de pensiones para discapacitados, generando un gran rechazo social
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha desatado una nueva ola de controversia con la reciente modificación de la normativa para otorgar prestaciones a personas con discapacidad. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el pasado 14 de enero, se introdujeron cambios en la calificación de personas con discapacidades intelectuales. Lo que más ha indignado es el uso de términos altamente despectivos como "idiota", "imbécil" y "débil mental profundo" para clasificar a los afectados, calificándolos de manera general como "retardos mentales".
Esta modificación se enmarca en los esfuerzos de Milei por "auditar todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral", una medida que ya había iniciado al llegar al poder, anulando un decreto de su predecesor, Sergio Massa, que permitía la compatibilidad del trabajo con el cobro de pensiones por invalidez. Según Milei, si una persona tiene las capacidades para trabajar, no debería recibir una pensión. Sin embargo, el cambio reciente va más allá y endurece los criterios médicos para evaluar el nivel de discapacidad, provocando un fuerte rechazo en sectores sociales y políticos.
La resolución detalla que las personas con un coeficiente intelectual entre 0 y 30 son calificadas como "idiotas", aquellos con un CI entre 30 y 50 como "imbéciles", y las que tienen un CI entre 50 y 60 como "débiles mentales profundos". Además, aquellos con un CI entre 70 y 90, considerados "débiles mentales leves", podrán acceder a pensiones solo si presentan discapacidad profunda o mayor.
El nuevo enfoque ha sido ampliamente criticado por su tono peyorativo y por la deshumanización que implica el uso de estos términos obsoletos y estigmatizantes. Además, los cambios han abierto el debate sobre si estas medidas realmente mejorarán la calidad de vida de las personas con discapacidad o, por el contrario, aumentarán la vulnerabilidad de un colectivo históricamente marginado.
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