​El presunto espionaje de Mossos acumula seis querellas de entidades, sindicatos y profesionales

Desde el despacho del abogado José María Fuster-Fabra han presentado cinco querellas.

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Mossos la junquera

 

Mossos la junquera


El presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra sobre políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas ya acumula seis querellas criminales presentadas y cinco de ellas han sido admitidas en juzgados de instrucción de Barcelona, han informado fuentes jurídicas.


Desde el despacho del abogado José María Fuster-Fabra han presentado cinco querellas que ya han sido admitidas a trámite por supuestos seguimientos e informes realizados por los Mossos: una del propio abogado; otra del exlíder de SCC José Ramón Bosch; otra del secretario general del sindicato de la policía catalana SPC, David José, y su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer, y otra de la Plataforma Barcelona con la Selección.


Las querellas se dirigen contra los funcionarios de los Mossos que puedan ser identificados como culpables de los seguimientos y por los delitos de prevaricación, malversación y revelación de secretos.


Además, el periodista Albert Castillón ha presentado una querella pendiente de admitirse a trámite tras publicarse en 'El Periódico' un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Catalunya que concluía que los Mossos d'Esquadra crearon un "servicio ilegal de espionaje" para investigar a políticos y otras personalidades.


El próximo lunes el portavoz del SPC, David Miquel, que también aparece como objeto de seguimientos en los documentos, presentará una querella en los juzgados a través del bufete de Fuster-Fabra.


Societat Civil Catalana (SCC) anunció este jueves que tiene previsto querellarsecontra los responsables políticos y policiales asegurando que este "espionaje al bloque constitucionalista de Catalunya es una muestra más de la forma de actuar totalitaria de los representantes secesionistas".


Por su parte, Cs explicó este jueves que no descarta emprender acciones judiciales contra los seguimientos que, según informes de la Policía Nacional, realizaron los Mossos sobre políticos de su partido, pues considera que se hicieron únicamente "por razones ideológicas".

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