El juicio del "procés" se retrasa hasta la primavera de 2019

 

El calendario de la causa por el 'procés' instruido por el juez Pablo Llarena ha saltado por los aires, debido a que las defensas siguen una estrategia que alargará varios meses el proceso, pese a que las previsiones del magistrado eran dictar auto de conclusión del sumario este mes de junio.

El cierre de la instrucción con los nuevos cálculos del alto tribunal sitúan la línea roja para la celebración del juicio oral cerca de mayo del 2019, antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para el día 26.

Aunque desde el Supremo se prevé que en ningún caso la vista oral irrumpa en plena campaña electoral porque, existe una norma no escrita, que rige en todos los tribunales y todos respetan y que impide que los procedimientos judiciales influyan en procesos plebiscitarios. El Supremo no es una excepción, por lo que es previsible que el arranque de la vista por los hechos previos al referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia se sitúe después de las municipales de 2019.

Así si una primera previsión que situaba el juicio en otoño-invierno del 2018  ahora es posible que  la celebración se alargue hasta la primavera de 2019. Entre los factores que han influido está la acción defensora de los procesados y su intención de recusar a varios magistrados de la Sala de lo Penal, que asumirá la causa cuando la cierre Llarena y que es pública desde hace ocho meses. El presidente Manuel Marchena y los magistrados Antonio del Moral, Andres Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela son los designados para juzgar a los acusados por rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

También se está a la espera de que la empresa pública de tasación, Segipsa, aporte un informe sobre cuánto dinero se destinó al uso de los 2.315 centros de votación que abrieron durante la jornada del 1-O, es decir, el coste derivado de la utilización de agua, luz, telefonía, limpieza y personal. También la utilización de medios informáticos. Investigan a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la línea que ya apuntó Cristóbal Montoro en la famosa entrevista en la que aseguraba que no se había destinado ni un euro público al 'procés'.

Todo esto suma y dilata el ritmo de la causa, más aún tras la reforma de la ley de 2015 que, en adaptación de distintas directivas europeas que aconsejaban una mayor protección de los investigados, incorporó que estos pueden declarar cuantas veces lo soliciten. Este refuerzo en la protección del imputado ralentiza, evidentemente, el ritmo. 

Las defensas prevén impulsar que se aparte a algunos de los encargados de juzgar a los 25 procesados y, si se deciden por promoverlo, la cuestión quedará en manos de la conocida como Sala del 61, diseñada para ocuparse de determinados asuntos especiales, entre ellos la recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una sala. La compone el presidente Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las salas, cinco en total, y los magistrados más antiguos y más modernos de todos ellas, en función de su acceso al alto tribunal.

Cabe recordar que el nuevo ejecutivo del gobierno central presidido por Pedro Sánchez  no decidirá sobre el traslado de los dirigentes independentistas encarcelados hasta que haya un auto de conclusión de sumario y muchos de los encarcelados, entre ellos Junqueras, cumplirán en breve ocho meses en preventiva. La dilación del juicio provocará nuevas reclamaciones para que recuperen la libertad con medidas en un momento en el que, además, la dirección de la Fiscalía General cambia de manos tras la llegada del Ejecutivo socialista.