Llarena no se opone al acercamiento de los líderes del 'procés' a prisiones catalanas

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista en Catalunya, ha insistido en que la decisión sobre el posible acercamiento a prisiones catalanas de los líderes soberanistas que están en prisión corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

Así lo ha manifestado Llarena en una providencia en la que contesta a la petición cursada por las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart de ser trasladados "por razones de vinculación familiar" a las prisiones de Quatre Camins, Brians II, Girona mujeres y Barcelona mujeres.

En concreto, el magistrado instructor responde a los escritos que han remitido al Supremo los directores de las cárceles donde están encarcelados estos cuatro procesados, Alcalá-Meco y Soto del Real, ya que son Forcadell, Bassa y los 'Jordis' los que cursaron su petición a través del Ministerio del Interior.

"No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", explica el juez en su providencia.

Esta es la primera respuesta que ha dado Llarena a las solicitudes cursadas por los procesados en la causa del proceso que están en prisión provisional para que puedan ser trasladados a cárceles catalanas ahora que la instrucción está prácticamente finiquitada.

FALTA LA RESPUESTA A LOS PRESOS DE ESTREMERA

El juez todavía está pendiente de responder a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que están encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.

En un auto de hace dos semanas en el que denegaba la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, "lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados", ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.