Jueces para la Democracia exigen un protocolo unificado para luchar contra la violencia de género
La asociación pide un protocolo unificado para luchar contra la violencia de género, después de la muerte de 5 mujeres -dos de ellas niñas- solo esta semana.
La asociación Jueces para la Democracia ha pedido este jueves un protocolo unificado para luchar contra la violencia de género, después de la muerte de 5 mujeres -dos de ellas niñas- solo esta semana.
En lo que va de este año 2018, 41 mujeres y 9 menores han fallecido por delitos relacionados con la violencia de género. Así, los jueces critican el "fracaso de la respuesta institucional" y piden una "reflexión de los Poderes Públicos" para detectar que ha fallado en estos casos y poder adpotar medidas para impedir que se repitan.
"La ayuda que demandan estas mujeres debe ser atendida desde las distintas instancias a las que acuden. Con independencia de que la primera solicitud se efectúe ante un servicio de la administración, ante el colegio de abogados, policías o juzgados, la respuesta debe ser coordinada", han exigido los magistrados en un comunicado.
Así, manifiestan que las actuaciones deben seguir un protocolo que cada instancia ha de realizar para la adecuada protección de la mujer que sufre una relación violenta.
"Hemos reclamado desde hace años la generalización de informes periciales de riesgo urgente, residenciado en las clínicas forenses a partir del Protocolo firmado en 2011, pero que precisan la incorporación de otros profesionales –muy especialmente, de la psicología-, para que cumplan auténticamente con su función de auxiliar al juez o jueza, que tenga que resolver sobre la adopción de medidas cautelares de protección", recuerdan.
Dicho Protocolo se refiere a las Comunidades Autónomas que no tiene trasferidas las competencias en materia de Justicia, revelando, de otra parte, el número de informes anuales efectuados que no pasan de ser simbólicos.
Así, consdideran necesaria la revisión de los criterios empleados en los juzgados y tribunales, para la atribución de las facultades parentales (de la llamada patria potestad), en situaciones de crisis matrimoniales violentas.
Estas medidas imprescindibles están relacionadas con algunas de las ya acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, sin embargo, sostienen que no tendrá eficacia si no se alcanza y "se hace real un acuerdo presupuestario, que dote de medios económicos suficientes a los servicios e instancias implicadas", reivindican.
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