La economía sumergida en España supone el 25 por ciento del PIB

La economía sumergida en España supone el 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)  y una de las causas principales es que no existen suficientes medios de control para controlar las prácticas de fraude.

De hecho, España dobla a Europa en economía sumergida debido a esta falta de efectivos, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El número de efectivos que destina España a la lucha contra la economía sumergida será en 2019 de 25.916 personas, la mitad de los que utilizan en la media ponderada de Europa.

Gestha advierte de que España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en cuanto a personal dedicado a combatir estas prácticas fraudulentas, de forma que cada empleado debe vigilar a 2.836 ciudadanos, mientras que en la UE tienen la mitad de trabajo: cada efectivo controla a 1.185 personas.

NUEVOS IMPUESTOS

Por otro lado, los técnicos de Hacienda respaldan la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, pero creen que la previsión de recaudación por los nuevos impuestos está "sobrevalorada" y dudan de que pueda repercutir en los ingresos de este año.

En una nota, el señala que los nuevos impuestos dotarán de una "mayor equidad y suficiencia" al sistema tributario, aunque advierten sobre las dificultades que conllevará su control tributario y de que entrarán en vigor con un retraso "considerable" de no corregirse la actual dinámica parlamentaria, lastrando la posibilidad de recaudarlos en 2019.

Sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', Gestha señala que a nivel global, según estimaciones del Comité de Fiscalidad de la OCDE, la carga tributaria efectiva de las grandes transnacionales está entre 4 y 8,5 puntos porcentuales por debajo de la de empresas similares que operan únicamente a nivel nacional. Sin embargo, apunta que algunos Estados tienen un grado de corresponsabilidad en la elusión de aquéllas cuando, para atraerlas a sus territorios, conceden ventajas fiscales.

Así, para reducir la evasión, España ha implementado la nueva directiva de IVA que la UE aprobó en 2015 para garantizar la recaudación del IVA en el país donde se encuentra el consumidor, de forma que los bienes y servicios prestados digitalmente se localicen en el país del destinatario, un problema que para los técnicos resulta "especialmente relevante" en las transacciones online B2C (de empresa a consumidor final).

DIFICULTADES PARA RECABAR DATOS DE FACTURACIÓN

No obstante, reconoce dificultades técnicas para conseguir la información de las cifras de facturación de compañías radicadas fuera de España y otras relacionadas con el control del impuesto para perseguir la elusión y evasión del mismo, por lo que cuestiona los 1.200 millones de euros que se esperan recaudar por este tributo.

Los técnicos de Hacienda rechazan las críticas del sector sobre este impuesto porque el importe que las tecnológicas paguen será un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, lo que evita cualquier tacha de doble imposición.

Asimismo, recuerdan que el tipo impositivo del 3% sobre los ingresos de publicidad, servicios de intermediación y venta de datos online es el recomendado por la Comisión Europea, lo que aportará "muy poca recaudación" en relación a los multimillonarios beneficios "eludidos en España y enviados a los holdings de estas empresas".