El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la entidad que controla los talleres de las cárceles

 

El Tribunal de Cuentas ha detectado algunas "insuficiencias y deficiencias" en el cumplimiento de la legalidad, así como "varias salvedades derivadas de incumplimientos de principios y criterios contables" por parte de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo que se ocupa, entre otras cosas, de controlar los talleres que se organizan en las cárceles.

Así consta en el informe de fiscalización realizado por el órgano que presidente María José de la Fuente sobre la actividad de esta entidad durante los ejercicios 2016 y 2017 y que ha sido remitido al Congreso de los Diputados.

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se encarga de promocionar, organizar y controlar el trabajo productivo y la formación y orientación para el empleo de los reclusos en centros penitenciarios con el fin de facilitar su inserción laboral cuando sean puestos en libertad.

SALVEDADES DE LOS CRITERIOS CONTABLES

El fiscalizador emite una opinión favorable sobre la representatividad de las cuentas anuales de la entidad aunque apunta también "varias salvedades derivadas de incumplimientos de principios y criterios contables".

Para el cumplimiento de sus funciones, la entidad utiliza edificios, instalaciones y espacios ubicados en los centros penitenciarios; lo que supone una cesión, a su favor, de bienes que se encuentran adscritos a la citada Secretaría General de Instituciones Penitencias.

Sin embargo, el tribunal ha descubierto que estos bienes cedidos no se recogen en el balance de este organismo, que tampoco cuenta con un documento regulador descriptivo del uso y de las características de los mismos.

Otra salvedad recogida en el informe hace referencia a que el saldo de los deterioros de valor de créditos por operaciones de gestión se encuentra, al cierre de 2016 y 2017, sobrevalorado en 1.497.000 y 1.902.000 euros, respectivamente; debido a que la entidad deteriora los saldos deudores que tienen una vigencia inferior a un año.

En lo que se refiere al análisis del cumplimiento de la legalidad, la fiscalización destaca que, en líneas generales, la entidad ha cumplido con la normativa. No obstante, se han observado "algunas insuficiencias y deficiencias en este cumplimiento".

Concretamente, la entidad dispone de un Manual de Procedimientos que necesita actualizarse y presenta deficiencias en la definición de las actuaciones a realizar.

COCINAS Y ECONOMATOS

Respecto a los servicios de cocina y de economato de los centros penitenciarios, el tribunal concluye que la entidad tiene una capacidad limitada para controlar la calidad de los racionados y de los alimentos adquiridos porque no dispone de personal en plantilla para llevar a cabo diariamente esa tarea. De hecho, apunta, ésta recae en personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias destinados los centros penitenciarios.

En relación con la actividad contractual, la entidad no ha elaborado un documento propio y separado para justificar y precisar la necesidad e idoneidad de los contratos ni tampoco un documento de recepción o conformidad con el objeto que constituyen sus prestaciones.

Además, en el análisis de los procedimientos de gestión en la actividad fiscalizadora se observaron deficiencias en la gestión de los apoderados de las cuentas bancarias, de la información de los talleres productivos y de la gestión informática de la actividad ordinaria de la entidad.

Por otro lado, la entidad utiliza una pluralidad de paquetes informáticos para la gestión de su actividad que disminuye la eficiencia de los procesos de gestión, al suponer una dispersión de las tecnologías empleadas y de las bases de datos del organismo. Esto obliga a realizar integraciones de datos, tanto manual como telemáticamente, a adquirir licencias y a mantener aplicaciones con suministradores que tienen la condición de único proveedor, con el correspondiente coste económico y consumo de tiempo.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas la entidad para que perfeccione algunos de sus procedimientos de contabilización, gestión y control; evitando así la repetición de los incumplimientos y deficiencias detectados en la fiscalización.