El Gobierno no quitará ojo del Diplocat tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas
Exteriores ha constatado que algunas 'embajadas' catalanas se han extralimitado en sus funciones y evalúa qué herramientas utilizar.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado este viernes que el Gobierno seguirá "todos los movimientos" del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) para comprobar si su actividad rebasa lo previsto en la ley e incurre en malversación de fondos.
"Estamos expectantes y atentos a ello", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por el anuncio del Govern de que reactiva este consorcio público-privado, que fue cerrado por el Gobierno de Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155 de la Constitución a finales de 2017.
En un informe recién aprobado, el Tribunal de Cuentas ha constatado que Diplocat gastó entre 2011 y 2017 un total de 15,8 millones de euros en diversas actividades, entre las cuales más de 74 por ciento tuvo como objetivo "promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista".
Diplocat --que ha aprovechado para decir que nunca ha dejado de existir jurídicamente--, ha anunciado este viernes que reanudará sus actividades con una promoción internacional del Día de Sant Jordi. Para ello, invitará a Barcelona el 23 de abril a 11 periodistas procedentes de Alemania, Italia, Grecia, Eslovenia, Reino Unido, Estonia y Letonia.
Tras las elecciones autonómicas catalanas, el Diplocat ya celebró en junio de 2018 un primer acto de constitución. En aquel momento, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, advirtió de que no se podía prohibir su existencia, pero que estaría pendiente de sus actividades.
En respuesta a una pregunta parlamentaria en julio, el Gobierno dijo asistir "con respeto" a la decisión de la Generalitat "de crear una entidad para promover su imagen", pero añadía que ésta "debe limitarse a las competencias autonómicas".
También decía esperar que la Generalitat actuase conforme a la ley y, en concreto, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014, que pretende garantizar la coherencia de la acción exterior española y sus diversos actores.
ACTIVIDAD DE LAS 'EMBAJADAS'
El Gobierno también vigila estrechamente, a través del Ministerio de Exteriores, la actividad de las delegaciones en el exterior de la Generalitat --las llamadas 'embajadas'-- y ya ha constatado que algunas de ellas se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones. De hecho, está evaluando qué herramientas puede utilizar para afrontarlo, según fuentes diplomáticas.
Desde que tomó posesión, el Gobierno de Torra ha anunciado la apertura de oficinas en Londres, Berlín, Washington, Roma, Ginebra, París, Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, que se suman a la de Bruselas, que no fue cerrada con la aplicación del 155.
El primer grupo de esas delegaciones fue recurrido por Exteriores, por entender que su apertura no se había comunicado conforme a la ley --la Generalitat alegaba que era una reapertura--. El segundo grupo sí se comunicó y el Departamento que dirige Josep Borrell informó en contra, pero su opinión no es vinculante y la Generalitat pudo seguir adelante con sus planes.
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