El juez Llarena reactiva la euroorden contra Puigdemont

 

El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha reactivado la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Belgica y que fue procesado por rebelión en marzo de 2018. 

También se ha dictado orden internacional de detención, por lo que pueden ser arrestados también en el caso de abandonar territorio belga.

El magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado un auto, tras notificarse la sentencia contra los 12 líderes independentistas por los delitos de sedición y malversación. En dicha resolución, emite de nuevo la orden europea e internacional en la que se acuerda la búsqueda e ingreso en prisión de Puigdemont por estos mismos delitos.

Llarena acepta así la petición en tal sentido hecha por Fiscalía, al entender que está plenamente justificada. 

De momento sólo se ha hecho esta solicitud contra el expresidente al considerar que éste configuraba el verdadero riesgo de fuga tras conocerse la sentencia, por lo que el Ministerio Público podrá reclamar la emisión de órdenes de detención para el resto de huidos una vez analicen en profundidad la resolución.

El auto, de 58 páginas, explica que si la sola imputación en esta causa especial propició la huida de algunos de los investigados y por ello se justificó la emisión de una euroorden, las condenas dadas a conocer este lunes contra los acusados que no se fugaron propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen "reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión".

Llarena destaca que en la Unión Europea rige el principio de confianza en el funcionamiento de los jueces y tribunales de otros países -principio libremente asumido por los Estados miembros-, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas.

Según expone el juez, la sentencia ya ha proclamado la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación y se han esclarecido las discrepancias sobre si los mismos encajan en el delito de rebelión, en el de sedición o en de desobediencia.

En este sentido, el juez Llarena ha acordado también comunicar a la Mesa del Parlamento de Catalunya que levante la suspensión como diputados autonómicos a Carles Puigdemont y su exconsejero Antoni Comín, también huido, dado que ya no es aplicable tal suspensión automática por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a los procesados por el delito de rebelión.

El Gobierno considera "justa y oportuna" la decisión del juez Llarena de reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat.

En los últimos días, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, movilizó a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para que se pusieran a disposición del magistrado del Tribunal Supremo.

El Gobierno entiende que en un Estado de Derecho como es España todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, por tanto, no puede ser que unos ciudadanos hayan sido juzgados y condenados por unos delitos mientras otros, implicados presuntamente también en los mismos delitos, permanezcan fugados de la justicia.