La Guardia Urbana desaloja a los acampados de plaça Universitat
Un amplio dispositivo se ha desplazado a la zona y los agentes han comenzado a retirar las tiendas de campaña y el material que los congregados habían instalado en la zona como cartelería y vallado.
Agentes de la Guàrdia Urbana han llevado a cabo la madrugada de este miércoles el desalojo de los acampados en plaza Universitat de Barcelona desde hace 22 días para reclamar que cesara "de forma inmediata la represión" en Catalunya tras los actos de protesta contra la sentencia del 1-0.
Un amplio dispositivo de la Guàrdia Urbana se ha desplazado a la zona y los agentes han comenzado a retirar las tiendas de campaña y el material que los congregados habían instalado en la zona como cartelería y vallado.
La plaza Universitat vuelve a la normalidad tras el desalojo de la Guardia Urbana/ Catalunyapress
Plaza Universidad antes del desalojo/Catalunyapress
Los agentes de los Mossos d'Esquadra se han encargado de regular el tráfico en la zona durante los trabajos, mientras que los agentes de la Guàrdia Urbana han establecido un cordón policial para impedir que los desalojados pudieran acceder de nuevo a la plaza.
Tras el desalojo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento han empezado a retirar los restos de la acampada para despejar completamente la zona. La Guàrdia Urbana ha informado sobre las 3.30 de la madrugada de que la circulación rodada en la zona de Gran Vìa y plaza Universitat quedaba normalizada.
Colectivos juveniles y de estudiantes iniciaron el pasado día 30 de octubre la acampada, con más de una cuarentena de tiendas de campaña y unas 200 personas en el momento inicial. Una iniciativa con la que pedían "parar de forma inmediata la represión contra los miembros de una generación" que había salido a la calle en protesta por las condenas del 1-0 y que se depuraran responsabilidades en los cuerpos policiales.
En un manifiesto, en el que se definían como la 'generación 14 de octubre', explicaban que adoptaban esta medida para exigir responsabilidades a los políticos para garantizar un futuro digno y advertían que no tolerarían "100 años de prisión por ejercer sus derechos", en referencia a las condenas para los líderes independentistas condenados por el 1-0.
En el texto, además, se lamentaba la "criminalización sin precedentes" por parte del Estado desde la publicación de la sentencia del 1-O y se pedía al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, condenar "la represión y la violencia policial" y sentarse a negociar un referéndum de autodeterminación.
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