El Tribunal de Cuentas destapa el despilfarro en el gasto de las mutuas laborales

El organismo detecta retribuciones a directivos que sospecha asociadas a captación y fidelización de clientes, actividad que tienen prohibida.

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Una persona pasa por la entrada de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 6 de febrero de 2020.

 

El Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de control por parte de la Seguridad Social para comprobar los gastos de personal por parte de sus mutuas colaboradoras y cómo estas cargan a sus Presupuestos gastos como regalos, atención sanitaria, alquileres, o matrículas universitarias, sobrepasando incluso los límites pactados.


Además, en su fiscalización sobre estas entidades detecta retribuciones a empleados asociadas al aumento de clientes, lo que podría vulnerar la prohibición de actividades de aceptación a empresas asociadas o de trabajadores por cuenta propia establecida en la Ley General de la Seguridad Social.


Así lo manifiesta el Tribunal en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017'. Las cuatro mutuas fiscalizadas son Mutua Fraternidad-Muprespa, Activa Mutua, Mutua Intercomarcal y Mutua Montañesa.


En él, señala cómo la aplicación de los convenios suscritos contradice principios y normas de gestión presupuestaria, habida cuenta de beneficios sociales que, recalca el Tribunal, "difícilmente tienen encaje en el fin último de las mutuas".


Una persona pasa por la entrada de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 6 de febrero de 2020.


CESTAS DE NAVIDAD, REGALOS DE REYES, IRPF DE ALQUILERES


En su fiscalización detecta la existencia de beneficios, como cestas de Navidad, regalos de Reyes, pago del IRPF de alquileres, asistencia sanitaria gratuita, todo ello con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social.


Algo "cuestionable", a juicio del órgano fiscalizador, cuando las mutuas forman parte del sector público estatal, con un régimen que, subraya, "se asemeja más al del personal laboral de la Administración General del Estado que al de las entidades de seguros y reaseguros".


En sus conclusiones apunta a la responsabilidad de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social porque "no ejerció adecuadamente la función de dirección y tutela al no haber adoptado medidas correctoras".


Así, diez mutuas realizaron pagos por importes fuera de los límites máximos de las retribuciones, sin que la Seguridad Social hubiera detectado esta posible incidencia ni, por tanto, solicitara una justificación.


Por su parte, critica también que la Dirección General de costes de personal y pensiones públicas no comprobara si las cifras presentadas por las mutuas se correspondían con la de sus cuentas anuales, la ausencia de comprobaciones posteriores tras la autorización, y que carezca de información suficiente sobre las contrataciones de personal sanitario.


De las veinte mutuas colaboradoras, 17 de ellas superaron el aumento máximo del 1% establecido para el control de la masa salarial, tres de ellas situándose por encima del 8%. Así, encuentra "errores destacables en las autorizaciones de las mutuas de este gasto, de 211.000 euros en el caso de Activa Mutua, y de 467.000 euros en Mutua Fratenidad-Mupresa.


En el caso de Mutua Montañesa, el Tribunal detecta cómo a un antiguo presidente y a un antiguo director gerente se les reconocieron complementos de jubilación, con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social, aportaciones mensuales, incluido en metálico, para alcanzar el 80% de los ingresos percibidos en el momento de la jubilación, e incluso la continuidad de un complemento en favor de la viuda una vez hubiera fallecido como seguro de vida.


En Mutua Intercomarcal, el Tribunal encuentra pagos duplicados e importes por encima del límite establecido en la normativa interna, incluido el abono de ayudas a trabajadores sin que tuvieran reconocido este derecho, así como el pago de matrículas de grados universitarios, regalos de Navidad y de jubilación no previstos que, subraya el Tribunal, no debieron financiarse con cargo a la Seguridad Social.

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