Procesan al ex conseller Vicente Rambla y a Ricardo Costa por delito electoral y falsedad en las elecciones

El juez de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que instruye la parte valenciana del 'caso Gürtel', ha procesado a los diputados de las Cortes regionales Ricardo Costa y Yolanda García --aforados--, así como a los exdiputados Vicente Rambla --también exvicepresidente del Consell-- y David Serra por delito electoral. Junto a ellos, también figuran como procesados otros excargos del PPCV, empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel.

En total, son 20 personas procesadas por las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel' por delito electoral, falsedad y delito fiscal. Las dos primeras se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunitat, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. Mientras que la pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.

Entre los procesados, junto a Costa --también ex vicesecretario general del PPCV desde 2004 hasta junio de 2007 y después secretario general--, García --exgerente del partido--, Rambla y Serra --también fue vicesecretario general del partido desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008--, también figuran Cristina Ibáñez --administradora de la candidatura del PP en las elecciones de 2007--; los presuntos cabecillas de la trama Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', responsable de Orange Market; Cándido Herrero --consejero delegado de Orange--; Pablo Crespo --número dos de la trama-- y Francisco Correa --principal responsable de empresas como Orange o Special Events--. También está procesado el empresario José Ramón Blanco Balín.

Así mismo, se incluye en la lista a los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y porteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; José Enrique Fresquet --Pavimentos del Suroeste luego denominada Padelsa Infraestructuras--; Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; Enrique Tomás Ortiz y José Francisco Beviá; Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--; y Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--.

Por contra, el juez acuerda sobreseer la causa contra Luis Bárcenas --administrador único de la Candidatura del PP en las elecciones locales de 2007 así como por la provincia de Valencia--; el empresario Felipe Almenar; Mercedes Orts --exempleada de la trama--; Mónica Magariños --extrabajadora de Orange--; José Luis Izquierdo --contable de Gürtel--; y Cristóbal Páez --administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008--. También archiva parcialmente la causa contra Yolanda García --sobre los hechos del año 2007-- y Vicente Rambla --sobre hechos relacionados con las elecciones locales del año 2007--.

PAGOS EN B Y DE SOCIEDADES

Según recoge el auto --de 217 páginas--, en el que el juez da un plazo de común de 20 días para que las partes califiquen y digan si procede o no la apertura de juicio oral, el PP realizó pagos en A y otros en B a Orange Market por actos electorales, mientras que diversas sociedades también pagaron a esta mercantil por trabajos inexistentes puesto que el objetivo era financiar al PPCV a cambio de otras adjudicaciones públicas.

Este comportamiento incumple la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos que recoge los recursos privados como uno de los sistemas de financiación de éstos, si bien prohíbe expresamente las donaciones directas o indirectas de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas. Así mismo, esta normativa contempla como una operación asimilada el hecho de que las formaciones políticas no podrán aceptar que terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios, o de cualesquiera otros gastos que genere su actividad.

El juez estima que fue desde la Organización Regional del PPCV donde se decidieron y asumieron las contrataciones de Orange Market relativas a los actos investigados y su forma de pago, no siendo incluidos en las respectivas contabilidades electorales. También concluye que la Gerencia Nacional que hacía funciones de Administrador General único no pudo conocer estas irregularidades de gastos e ingresos en los que incurrió la Dirección Regional porque no eran conocidos por las Gerencias Provinciales.

POR AÑOS

Entre los excargos del PPCV procesados por los hechos de 2007 --elecciones autonómicas-- se encuentran Cristina Ibáñez, al no resultarle al juez "razonable" su absoluto desconocimiento que alegó en cuanto al tipo de pagos y gastos, "tan reiterados y voluminosos", y por la relación "cotidiana" que mantenía con Costa; Costa, por ser identificado como la persona encargada de la supervisión económica, y al existir indicios que revelan una interlocución estable y relevante en el aspecto económico de decisiones de pagos del partido a Pérez. También figuran procesados en esta pieza Rambla; Serra y García.

Así mismo, figuran como procesados por las elecciones locales del mismo ejercicio Costa, Ibáñez y Serra. En esta pieza también estaba procesado Bárcenas, pero el juez sobresee la causa contra él al entender que si lo constatado es que la organización provincial del partido nada ha contratado con Orange Market y, por tanto, nada debía incluir en su contabilidad provincial a remitir a la Gerencia nacional, "difícilmente puede partirse de conocimiento alguno del administrador general nacional --Bárcenas-- de algo que no se le comunicaba o pudo comunicar". Respecto a las elecciones de 2008, están procesados --como cargos del PPCV-- Costa, Rambla, Ibáñez, García y Serra.

Junto a Bárcenas, el juez también sobresee la causa contra el empresario Felipe Almenar, al que los informes de la Policía identificaban como 'El Príncipe'. El fiscal estimaba que concurría una falta de prueba bastante de su participación consciente en los delitos cometidos, y así lo corrobora el magistrado. El resto de sobreseimientos --Orts, Izquierdo y Magariños-- se basan en falta de indicios de participación en contrataciones y pagos.