Secretos de Andorra

A falta de poco más de tres años para que el secreto bancario desaparezca sobre el papel, su mantenimiento se demuestra un arma de doble filo.

A falta de poco más de tres años para que el secreto bancario desaparezca sobre el papel, su mantenimiento se demuestra un arma de doble filo. Por un lado, puede impedir con toda probabilidad que la justicia andorrana entregue los datos solicitados sobre los fondos depositados por la familia de Jordi Pujol. Por otro lado, de momento imposibilita satisfacer la petición del otro Jordi, el alcalde Trias de Barcelona, para acabar de demostrar que no evadió ni un euro de capital a los bancos extranjeros donde se decía que lo había hecho.

Trias logró, casi al instante, el certificado de la Unión de bancos suizos que en los últimos años no ha tenido ninguna cuenta en las entidades financieras helvéticas, y esto en un país también fuertemente celoso de la intimidad de los clientes de su banca.

La hipersensibilidad andorrana con la privacidad de todo tipo de datos, plasmada en una ley y controlada por un organismo específico conlleva la paradoja de este inconveniente para quien no trata de esquivar la persecución de un supuesto delito, sino demostrar que nunca lo cometió.

Otro secreto, y ésta no es específico del pequeño país pirenaico es el del voto. El día nueve pasado la delegación de la Asamblea nacional catalana, creada hace poco, abrió un lugar para que los catalanes residentes pudieran tomar parte en la acción de manifestación popular sobre el futuro de su territorio originario.

El éxito fue considerable, como lo demuestra que se tuvo que ampliar el número de mesas para depositar las papeletas, quienes lo hicieron esperar haciendo cola durante más de una hora, y su número final fue el segundo entre todos los puntos similares del extranjero, después de Londres, con un total de 1.489 «votos» recogidos.

Esta cifra sólo se ve igualada -difícilmente superada- por la de asistentes a partidos del Baloncesto Andorra Morabanc, aunque la euforia del regreso a la ACB, máxima categoría española, o por algún concierto de cantantes españoles como Manolo Escobar.

Otros recuentos relacionados con la política y la sociedad son aún más significativos: lla manifestación del primero de mayo apenas reunió a medio centenar de trabajadores y un centenar fueron los funcionarios que acudieron al Consejo general (parlamento) cuando se debatía la nueva ley que modifica (a la baja) la anterior, específico y subvencionado sistema de pensiones.

Eso no quita que sus manifestaciones desde la tribuna, con aplausos o silbidos y aúpas según el tono de las intervenciones de los consejeros de los diferentes grupos, acabaran con el desalojo ordenado por el síndico (presidente de la cámara), como unos días antes había sucedido el Parlamento catalán con un grupo mucho más reducido de invitados de una electa del Partido Popular. Esta es, sin embargo, otra historia que nos aparta de los temas principales.

El sentido de la manifestación de la voluntad de los residentes catalanes en Andorra sobre el futuro de su Principado también resto secreto e imposible de averiguar, porque a efectos de poder saber, el sistema es el mismo que se aplica a las elecciones oficiales, autonómicas o legislativas, del Estado vecino del sur: las papeletas, en sobre cerrado, se remiten sin abrir al órgano de recuento correspondiente, en Barcelona, donde se mezclan con el resto llegadas del extranjero para computar -las sin discriminar. Esto no quita la intuición de que los porcentajes entre las diversas opciones sean similares a la media general, si no con un índice mayor de «dobles sí».

Y alguien de los votantes incurrió en un riesgo añadido a los residentes en la misma Cataluña, consciente o no. Hay andorranos por naturalización que «saltan» la prohibición de la doble nacionalidad en el sistema legal del país, recuperando la ciudadanía española «a escondidas» sin renunciar a la nueva. Incidiendo en la persecución del gobierno y el sistema judicial españoles a las «consultas», un «espía» oficioso podría haber cruzado los datos de los participantes en el 9-N y los nacionales «recuperados» y denunciarlos. Sin embargo, parece que no lo han hecho ni lo piensan hacer. Y que, si alguien ha hecho la trampa, no le pasará como al cabeza de lista del PP por Lleida en unas elecciones pasadas, que estaba censado también como elector para votar en Escaldes-Engordany. Descubierto por un partido opositor, la penalización no se llegó a producir, para que el afectado renunció inmediatamente a la condición de andorrano. Y hasta hoy, que todavía preside una comisión en la Cámara Baja española.