Excursión familiar en Andorra

Robert Pastor

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La familia Pujol casi en pleno-con las excepciones notables de los miembros más vinculados a la política, el ex presidente y el ex secretario general de Convergencia, Oriol- visitaron Andorra.

La familia Pujol casi en pleno-con las excepciones notables de los miembros más vinculados a la política, el ex presidente y el ex secretario general de Convergencia, Oriol- visitaron Andorra. Ya han pasado los tiempos de las medias de nylon, el duralex o los primeros transistores y tampoco venían a abrir una cuenta corriente, que ya bastante han tenido de ese color.

Marta Ferrusola, el primogénito Jordi, Marta, María y Oleguer llegaban para declarar ante la alcaldesa-jueza de primera instancia- Canòlich Mingorance, para ratificar la denuncia contra el responsable o responsables del supuesto delito-que lo es el código penal Andorra- de revelación de secreto bancario.

Por lo que ha trascendido, en la versión del abogado de la familia, Jean Michel Rascagnères, los Pujol no pudieron señalar hacia supuesto responsable concreto de la «filtración» y la denuncia-que no querella criminal- es en abstracto, contra quien puedan encontrar como autor, si la instrucción del caso consigue llegar a buen puerto.

Rascagnères no es un letrado más. Fue decano del colegio de Abogados andorrano y representante del actual subdirector del Diario de Andorra, Toni Solanelles, cuando se querelló contra la policía y la alcalde que amparó el control de su teléfono móvil -y el del actual director del rotativo, Ricard Poy- para averiguar a quién llamaban y de quien recibían llamadas, en un intento de averiguar los autores de filtraciones sobre casos penales en el país.

La demanda en ese caso prosperó, tanto a las instancias judiciales definitivas en Andorra como en el Tribunal de Estrasburgo, que coincidieron en calificar los hechos como vulneración de los derechos constitucionales de los periodistas.

Los cinco de los Pujol-Ferrusola se presentaron ante la alcalde, que les había citado, a primera hora de la mañana. Una televisión privada española intentó, sin éxito, conseguir las imágenes, mientras el Diario de Andorra fotografió a Oleguer Pujol Ferrusola en el centro de la capital, ya Jordi-que vino solo y separado de la madre y hermanos- comiendo con un «empresario vinculado a medios de comunicación» andorranos, aunque la imagen se ha publicado desenfocada (tal vez ya se obtuvo así, sin duda desde lejos).

El empresario en cuestión es Francesc Robert, periodista de formación, ex director general de la Televisión de Andorra (ATV) y socio de Jordi Pujol Ferrusola en algunos negocios.

Volviendo a las manifestaciones del abogado Rascagneres, sus representados no descartan pedir al «filtrador» de las cuentas, además de las posibles responsabilidades penales, una compensación por daños y perjuicios.

Será difícil, sin embargo, que el acusado pueda ser juzgado en Andorra si, como se dice de uno de los señalados como sospechoso de la revelación, está viviendo ahora en Madrid, desde donde no habría motivo para una extradición por parte de España, como ciudadano español y porque el delito en Andorra no lo sería de ninguna manera en el Estado vecino del sur.

Por otra parte, el envío de los resultados de la investigación paralela sobre el volumen de las cuentas de los Pujol en el principado pirenaico, y de su origen, mucho más fácil de culminar, también estaría limitada en su alcance, como ya explicamos.

Y es que, dado que el sistema judicial y penal andorrano, el delito de evasión de divisas no existe, los datos obtenidos no podrían usarlas los tribunales españoles como prueba en caso de evasión fiscal, y sólo para el caso que los fondos procedan de alguno de los supuestos de corrupción política, tales como tráfico de influencias, uso irregular de información privilegiada o cohecho, entre otros.

Desde el principio se ha dicho que el objetivo principal de la denuncia de los Pujol en el supuesto informador de la Hacienda y / o la fiscalía española es, precisamente, la anulación de las pruebas obtenidas en Andorra, lo que dificultaría extraordinariamente una eventual condena.

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