Andorra, plaza financiera
(III) Secreto menguante, control creciente

Este miércoles, el Diario de Andorra ha hecho público que Banca Privada de Andorra informó al gobierno del país que el volumen de las cuentas de la familia Pujol en su entidad ha estado entre los 4 y los 5 millones de euros.

Este miércoles, el Diario de Andorra ha hecho público que Banca Privada de Andorra informó al gobierno del país que el volumen de las cuentas de la familia Pujol en su entidad ha estado entre los 4 y los 5 millones de euros. Contra lo que acostumbraba hasta ahora, no sólo identifica los depositarios y la cantidad, sino la entidad por su nombre.

Anteriormente, «los Pujol» habían demandado el autor de la filtración de las cuentas andorranos por revelación de secreto bancario. Y algunos añadían que la intención de la querella era que la revelación se califique de prueba obtenida ilegal y sea anulada en la instrucción en alguna fase posterior del proceso.

Hace algunos meses, un nacional andorrano, supuestamente implicado en otro caso de dinero depositado ilegalmente en el principado pirenaico presentaba recurso de amparo al Tribunal Constitucional de su país, también contra la revelación del secreto bancario.

¿Hasta dónde ha llegado y dónde llega este secreto? Hace casi veinte años, un gestor de cuentas de una entidad explicaba que incluso las cuentas numeradas (con una clave numérica decidida por el cliente) eran de propiedad conocida, sólo que en lugar de todos los empleados, la identidad completa la sabían sólo dos personas del banco.

Poco después de la entrada en vigor de la Constitución de 1993 y del reconocimiento mundial de la soberanía andorrana, la banca comenzó a tomar precauciones. Por iniciativa propia, y para evitar en lo posible la mala imagen exterior, los bancos comunicaban a las autoridades los cuantitativos depositados que le parecían de origen sospechoso.

Las siguientes pasos, con relativa frecuencia y en cada requerimiento, siguiendo los complejos conductos legales internacionales, mediante comisiones rogatorias del sistema judicial en Exteriores en origen, y de Exteriores a la justicia andorrana, se ha informado siempre sobre las cuentas de procedencia negra- niega, es decir de negocios como el narcotráfico o el tráfico de armas. Aún más, el dinero correspondiente ha sido «congelado», mientras se resolvía el procedimiento y, en caso de condena, decomisados.

Las presiones internacionales crecientes, y la voluntad andorrana de sacar al país de la lista oficial de paraísos fiscales, fueron afinando los controles sobre los capitales traídos desde el exterior. En el año 2000 se creó la Unidad de Prevención del Blanqueo (UPB), entidad independiente integrada por representantes del Instituto de Financiero (INAF, banco nacional controlador del sistema, aunque no emisor, como ya explicamos), el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, especialistas del Servicio Policía, y delegados por la Asociación de Bancos (ABA).

Para mejorar el funcionamiento, ampliando los supuestos en los que se considera necesaria la intervención del organismo, incluyendo el levantamiento del secreto, en 2009 la UPB fue sustituida por la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF), con una redistribución de los miembros, pero siempre con presencia de las mismas instituciones y entidades.

Las sucesivas demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de otras entidades internacionales que examinan y homologan la «limpieza» de los sistemas económicos y financieros de los Estados, han sido atendidas, aunque con reticencias iniciales y siempre amparándose en modelos aceptados por solicitantes, como el suizo, adoptado de manera casi exacta.

El actual contencioso principal, extendido a muchos países, incluso a algunos de la Unión Europea que lo mantienen, sigue estando la supresión total del secreto bancario, mediante el intercambio automático de información. Esto implicaría aceptar las demandas de datos bancarios de particulares no sólo por instancias judiciales, sino administrativas. Andorra ya ha hecho saber la voluntad de adherirse, siempre que las plazas financieras del resto de países hagan lo mismo paso, antes o en la vez.

Paralelamente, el sistema fiscal se ha ido equiparando, cuando el número y la definición de los diversos impuestos, en el resto de Europa, aunque con algunas peculiaridades. Este será el objeto de un nuevo análisis.