Andorra tuvo una larga tradición de décadas, desde los años de las guerras (de España y la segunda guerra mundial), de puerto franco terrestre con respecto al comercio de todo tipo, incluida la que recibía el nombre de exportación, referida el contrabando, y especialmente de tabaco, al punto que la de contrabandista era una profesión aceptada y reconocida, que podía figurar legítimamente a los documentos de identidad hasta que avanzados los años noventa del siglo pasado, y después de una "impermeabilización" de la frontera con unidades especiales de la guardia civil española, y de fuertes presiones diplomáticas, pasó a ser tipificado como delito, dentro del código penal.
Andorra tuvo una larga tradición de décadas, desde los años de las guerras (de España y la segunda guerra mundial), de puerto franco terrestre con respecto al comercio de todo tipo, incluida la que recibía el nombre de exportación, referida el contrabando, y especialmente de tabaco, al punto que la de contrabandista era una profesión aceptada y reconocida, que podía figurar legítimamente a los documentos de identidad hasta que avanzados los años noventa del siglo pasado, y después de una "impermeabilización" de la frontera con unidades especiales de la guardia civil española, y de fuertes presiones diplomáticas, pasó a ser tipificado como delito, dentro del código penal.
Sirva esta referencia para ilustrar el concepto de comercio, y por tanto de movimiento de capitales, que era-y ahora aún permanece parcialmente-en el país pirenaico.
Hasta que comenzó la adaptación a las normas internacionales para evitar la definición oficial como paraíso fiscal, de la que hablaremos con más extensión más adelante, las entidades bancarias andorranas no llegaban a distinguir los colores del dinero con tantas variedades de nombres como las que los esquimales aplican a las diferentes tonalidades del blanco de la nieve y del hielo, pero si que tenían tres:
El blanco, de procedencia totalmente limpia según los criterios internos y los internacionales.
El negro, procedente de negocios ilegales o ilícito, sobre todo procedente de los tráficos de drogas y armas, que se empezaron a distinguir y rechazar por iniciativa propia, con el paso del tiempo, y para evitar en parte la «mala fama »ante el mundo.
Un medio, aceptado gusto y sin excepciones, han sido los capitales «grises», procedentes de actividades legales en origen, pero huidos de los «infiernos fiscales», que han ido llegando hasta ahora mismo.
Estos días, varios medios catalanes han hecho eco de un informe internacional que, aún hoy, señala Andorra como el «paraíso fiscal» más conveniente para depositar ahorros, sólo atrás de las Bahamas.
El motivo principal de esta calificación es la baja carga de impuestos, aunque creciente, como tendremos oportunidad de explicar al detalle. El segundo es la seguridad y los atractivos naturales y turísticos del país. Seguridad no sólo ciudadana, en la calle, sino también de la solvencia de las entidades depositarias, que no han sufrido tanto como otros en la Unión Europea las consecuencias de la crisis, y de la burbuja inmobiliaria, que no han dejado de ser graves y profundas también a los valles de los ríos Valires. Como se trata de un análisis internacional no mencionan otro factor decisivo para los ciudadanos del Estado español, como es la proximidad.
Las entidades bancarias, en la publicidad local, insisten y fuerza en su solvencia reconocida. La promoción más reciente ha sido el ya mencionado Morabanc, que se ufana de ser el quinto más solvente de Europa y el vigésimo de todo.
Una política «prudente» de créditos-incluidos los hipotecarios-les ha permitido, a las cinco entidades nacionales, esquivar los riesgos que han obligado a los rescates bancarios conocidos en otros lugares ya presentar año tras años balances-que desde hace unos años hacen públicos sistemáticamente-siempre con beneficios, aunque mermados por las circunstancias adversas, reducidos voluntariamente para aumentar las reservas propias, y sin cuantificar los niveles de morosidad.
No en vano, la práctica totalidad de bancos mantienen en paralelo actividad inmobiliaria y de seguros, entre otros.
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