Veinte años después, en Andorra

Después de veinte años de anuncios, los convenios bilaterales para legalizar y regular los juegos y apuestas extranjeros en Andorra parece que entran en una fase definitiva y satisfactoria, a raíz de la tramitación y casi segura aprobación de la nueva ley del juego, de carácter general , que comporta también la instalación de un casino.

Después de veinte años de anuncios, los convenios bilaterales para legalizar y regular los juegos y apuestas extranjeros en Andorra parece que entran en una fase definitiva y satisfactoria, a raíz de la tramitación y casi segura aprobación de la nueva ley del juego, de carácter general, que comporta también la instalación de un casino.

Este, del casino, es un proyecto que varias empresas y promotores han anunciado desde el siglo XIX, sin cuajar nunca. La reavivada más reciente la protagonizó el jefe de Gobierno Marc Forné, al inicio de la segunda mitad de los 90, siempre con el objetivo de atraer turismo de alto poder adquisitivo.

Hasta el momento, las únicas industrias de este sector que funcionan, amparadas por un marco jurídico, son dos bingos, desde que Forné eliminó los viejos quintos tradicionales, que destinaban los beneficios al Andorra de fútbol, uno, y los clubes de baloncesto y voleibol, el otro. El cambio consistió en conceder su explotación a empresas privadas, que cotizan en el erario público porcentajes de los ingresos brutos.

La nueva ley, además de amparar un casino de dudosos resultados y futuro, si vemos los existentes en España, y sobre todo en Francia, donde los antiguos establecimientos de élite se han convertido mayoritariamente grandes salas de tragaperras, frecuentadas no precisamente por las élites económicas, prohibirá definitivamente todas aquellas modalidades que no figuren.

Parece que esta disposición concreta haya disparado la solución para el futuro del cupón de la ONCE, las loterías y quinielas del organismo estatal español y, de rebote, a las actividades de La française des jeux y los juegos de la Generalidad.

Desde los tiempos del citado Forné, intermitentemente y gobierno tras gobierno, anunciaban «avances» en las negociaciones, sobre todo con el ejecutivo español y con la ONCE, para acabar con la situación de la venta de productos de estos organismos al país pirenaico, donde hay oficinas fijas con terminales informáticos de la Primitiva y las traviesas de fútbol, mientras en muchos bares y comercios se venden los cupones pro ciegos y los décimos de la «lotería nacional», que proliferan cuando llega el gordo de Navidad .

El jugador paga un diez por ciento del precio de los boletos entradas físicamente desde el exterior, como comisión para quienes las llevan, mientras que los establecimientos de validación informática de los otros juegos españoles figuran jurídicamente como radicados en varios pueblos de la comarca vecina del Alt Urgell.

Evidentemente, el gobierno y las arcas públicas andorranas, con esta situación de alegalidad, no perciben ni un euro y todo el beneficio va a los organismos emisores, y los intermediarios.

Este miércoles, quizás a raíz de la aparente amenaza de prohibición, el ejecutivo andorrano ha hecho pública la recepción de una serie de «cartas de intenciones» de ONCE, SELAE de España (el 15 por ciento) La Française de los jeux y loterías de la Generalidad, que por primera vez expresan por escrito la disposición a dejar parte de los ingresos a la hacienda andorrana.

Las estadísticas extraídas de encuestas del organismo público local estiman que el gasto por habitante de Andorra y año en juegos de azar es de entre 300 y 400 euros. Pero esto sólo es una estimación a través de las respuestas a los encuestadores, de escasa fiabilidad.

El verdadero consumo, como el afloramiento de los establecimientos de venta de todas las loterías, cupones y apuestas-que podrían ser unificadas en locales conjuntos-sólo será posible cuando entre en vigor la nueva ley, y los convenios móvil cruzados cuando culminen.

Por volumen de negocio actual, SELAE y ONCE serían líderes, mientras el interés de la Generalidad es poco más que simbólico, de voluntad de estar allí para hacerse visible, y el ente francés proyecta extender las actividades, limitadas ahora a un solo punto situado en la localidad fronteriza de Pas de la Casa.

Quedan, sin embargo, bastantes etapas a superar hasta-parafraseando Suárez-a la conversión en legal, y regulado, lo que es una realidad evidente en las calles andorranos. Primero, la aprobación de la ley. Después, además de la fijación de los porcentajes de participación del gobierno de Andorra en las diversas modalidades que incluyan por ambos lados y-no son detalles menores-los cambios jurídicos necesarios para efectos y capitales-incluidos los de los premios-circulen a través de las fronteras, y dónde y en qué proporción se aplica la fiscalidad, no sólo a los vendedores, sino a los jugadores premiados.