Contexto ‘black’

Miguel Blesa

Bajan turbias las aguas de la política española en los últimos días. No es menor el efecto ennegrecedor de la batalla abierta en el PSOE por el control del partido, el cual siguen pensando muchos de sus contendientes es el trampolín para el poder institucional, y quizá no tanto para el buen gobierno. Así ha sido la trayectoria de contienda partidaria establecida desde los tiempos de la Transición tras la muerte del dictador Franco. El PSOE, en sus tiempos de máximo respaldo electoral, llegó a controlar a fines del decenio de los años 80 de siglo pasado miles de puestos públicos en nuestro sistema multinivel de gobierno. No es evidente ahora que el trampolín partidario permita un salto hacia responsabilidades gubernamentales sino, más bien, hacia la turbia confrontación cainita entre los propios socialistas y hacia su oscuro futuro electoral.

Como bien ha apuntado Manuel Fernando González en estas páginas digitales, la sorpresa e intensidad del fratricidio socialista ha desviado la atención del asunto quizá más negro de nuestra reciente historia política: el juicio de las tarjetas ‘black’ de Bankia, entidad bancaria heredera legal de Caja Madrid. Y, claro está, conviene recordar. En nuestro mundo de prisas insustanciales ‘online’, es conveniente recuperar la memoria y el hilo de las cosas, las cuales tienden a olvidarse con el paso del tiempo. Como bien apuntaba Oscar Wilde, “si no se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido”.

Recuérdese que 83 miembros de la cúpula de Caja Madrid, de un total de 88, realizaron gastos ‘personales’, y en muchas ocasiones suntuarios, por una cantidad agregada superior a los 15 millones de euros (unos 2.500 millones de las antiguas pesetas). Ello se realizó mediante el uso ‘personal e intransferible’ de tarjetas supuestamente opacas entre 1999 y 2012. De entre los implicados, 28 fueron propuestos en el órgano rector de Caja Madrid por el PP, 15 por el PSOE, 4 de IU y 10 por los sindicatos UGT y CCCO. El grupo de los ahora acusados, procesados o enjuiciados incluye un máximo responsable de la patronal española, así como a Rodrigo Rato, ministro ‘estrella’ de economía de los gobiernos Aznar y posterior director gerente del Fondo Monetario Internacional (2004-07), antes de ocupar la presidencia de Caja Madrid/Bankia. También está siendo juzgado Miguel Blesa máximo directivo de la propia entidad bancaria como presidente del consejo de administración durante 1996 y 2009. Entre otros miembros implicados --autodefinidos como de izquierdas--puede aludirse al caso de un máximo responsable de organización del PSOE en Madrid durante la Transición, así como de un sindicalista que, al parecer, realizaba periódicos desembolsos en efectivo con su tarjeta por cantidades menores. Quizá pensaba en no dejar rastro del destino final de sus gastos o, simplemente, cabe interpretarlo como un gesto comedido en comparación con los dispendios lujosos en joyas o viajes de otros implicados.

En España, es una asunción bastante generalizada en amplios sectores sociales que los corruptos se van ‘de rositas’. Se significa con ello que, tras la reprobación y eventual sentencia de los actos cometidos, los políticos implicados mantienen como propios los frutos de sus tropelías. Según parece, algunos de los involucrados en el caso de las tarjetas ‘black’ han tenido la decencia de devolver las cantidades gastadas. El propio Miguel Blesa, cinco días antes de que comenzase el juicio público, devolvió casi 437.000 euros, importe de los gastos realizados con su tarjeta opaca. Con tal acción su abogado defensor podría solicitar que se atenuase su posible prisión por seis años, según pide el fiscal.

Se arguye que el asunto Caja Madrid/Bankia es algo que pertenece al dominio de los negocios privados. No está de más volver a recordar que buena parte de los implicados fueron elegidos representantes en la cúpula de la entidad bancaria por su actividad pública, política o institucional. Además, y no es una fruslería discursiva, el hecho de que los contribuyentes españoles hayan aportado más de 35.000 millones de euros para salvar a Caja Madrid/Bankia debe ser muy tenido en cuenta, ¿no les parece?

Se hace necesario para la higiene democrática de un país, que en el supuesto caso de robo de dinero público los culpables devuelvan lo hurtado. Hace unos años se produjo en Italia un caso de corrupción que implicó a un dirigente de un partido menor que había recibido ingentes cantidades de dinero público, y que él había camuflado en beneficio propio. Con tales ganancias el implicado incrementó su patrimonio personal con la compra de un lujoso apartamento en el centro de Roma. En un arranque de arrepentimiento, el político se mostro ‘dispuesto’ a negociar una rebaja de su peculio personal, pero manteniendo su suntuario habitáculo. ¿Conocen ustedes el caso de algún representante político español que siquiera haya propuesto una quita en la reparación dineraria de sus fechorías antes o después de ser condenado?

El caso de las denominadas tarjetas ‘black’ son un ejemplo socrático de cómo ennegrecer la noble aspiración kantiana de vincular éticamente moral y política. No extraña que el nivel e impunidad sea mayor en aquellas sociedades como la española donde parece aceptarse la visibilidad de las corruptelas con resignación y fatalidad. Pero como certeramente ya apuntó el filósofo de la ciencia, Karl Popper, los electores en una sociedad abierta mantienen incólume su capacidad de cambiar el gobierno. Seguramente no puedan alterar como podrían desear las conductas corruptas inherentes a la condición humana. Pero sí pueden elegir a otros representantes alternativos. Caso contrario cabe entrever el amenazante color negro de una ausencia de democracia. Un color similar al de las camisas negras de los fascistas italianos, o el no menos sombrío de las Schutzstaffel (SS) nazis.