Rodrigo Rato sostiene que las 'black' eran "perfectamente legales"

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro y medio de prisión y multa de 108.000 euros, además de una indemnización de 2,6 millones de euros.

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El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, declara este martes en el juicio por las tarjetas 'black', que sienta en el banquillo de los acusados a 65 exaltos cargos y directivos. 


El exvicepresidente del Gobierno se somete a las preguntas de las partes como ya lo hizo el pasado viernes Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, y quien apuntó que se trataba de un sistema de retribución por parte de la caja, no de gastos de representación, y negó que esta práctica fuera desconocida por los supervisores.


RATO DEFIENDE QUE LAS TARJETAS ERAN LEGALES


Rato ha señalado que se le otorgó una tarjeta black "perfectamente legal y equiparable" al resto del sector. Una tarjeta que ha asegurado que formaba parte de su retribución durante su etapa de mandato en Caja Madrid.


Dicha Visa constaba en su contrato como miembro del Comité de Dirección --no como miembro del Consejo de Administración-- y que no modificó los gastos otorgados durante su etapa de presidencia de Bankia.


Además Rato, que cargó 99.084 euros a su plástico entre 2010 y 2012, ha asegurado que Caja Madrid disponía desde 2004 de un Comité de retribuciones "cuya función era la fijación de incentivos".


Así, ha citado a su predecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para asegurar que se otorgaron las tarjetas "para gastos personales" y que no eran adicionales a lo que su contrato reflejaba.


PRÁCTICA DEL SECTOR


Aunque no ha querido afirmar con rotundidad si otras entidades gozaban de una tarjeta similar a la otorgada por Caja Madrid, sí que ha asegurado que se trataba de una práctica "bastante homologable con el sector" y ha responsabilizado de su emisión al Comité de Medios asegurando que era este órgano el que tenía que conocer las tarjetas que se daban.


"Siendo presidente ejecutivo no era mi principal deber saber quiénes eran los responsables directos de contrato de determinados servicios", ha manifestado Rato, quien también ha insinuado que él no tenía por qué conocer los cargos de la tarjeta en tanto eso pertenecía al departamento de contabilidad de la caja.


Al respecto, el exvicepresidente del Gobierno, para quien la Fiscalía pide cuatro y medio de prisión y multa de 108.000 euros, ha añadido que existía auditoría interna y externa de la caja y ha citado al Banco de España, con quien se celebraban reuniones semanales, para descartar que se tratara de un sistema opaco.


Rato ha agregado que la cuenta en la que estaban cargadas las tarjetas "había sido objeto de sucesivas inspecciones fiscales"; una práctica que, según ha precisado, continuó hasta 2015. "No ha dejado de sorprenderme, sinceramente", ha dicho el exvicepresidente del Gobierno.


Así, ha añadido que Bankia hasta 2015 siguió declarando como gasto deducible el efectuado por el uso de las tarjetas opacas --que asciende a un total de 12,5 millones desde 2003 a 2012--, y lo argumenta apoyándose en una "ratificación documental" en la que continuaba apareciendo la cuenta de las tarjetas 'black' como gasto deducible. "El gasto para ser deducible tiene que ser legal", ha apostillado Rato ante el tribunal.


HOTELES Y ARTÍCULOS DE LUJO 


Según el escrito de la Fiscalía, durante el tiempo que hizo uso de su tarjeta, Rato se benefició de estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas, de accesorios de Louis Vouitton, o de compras en diversos bazares (en una realizada en diciembre de 2010 abonó 2.439 euros), según se desprende del desglose de gastos.


Blesa, por su parte, aclaró ante el tribunal que los beneficiarios de los plásticos -que cargaron un total de 12,5 millones entre los años 2003 y 2010- no justificaron los gastos realizados porque no les eran requeridos y que ni el Banco de España ni Hacienda pusieron "tacha alguna ni vieron irregularidad" durante el tiempo que estuvieron vigentes las 'black'.


El exdirectivo, que fue el primero de los 65 encausados en enfrentarse a la ronda de preguntas, agregó que los auditores de la entidad tenían suficientes "pistas" para conocer la existencia de las mismas y añadió, a preguntas de su abogado Carlos Aguilar, que tenía la plena convicción de haber actuado "siempre" legítimamente.


Ahora le toca el turno a su sucesor al frente de Bankia, Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro y medio de prisión y multa de 108.000 euros, además de una indemnización de 2,6 millones de euros por los gastos autorizados entre 2010 y 2012 cuando sustentó la presidencia de Bankia.


Se trata de un juicio de gran impacto mediático con 65 medios acreditados, y que se celebra, tras dos años de instrucción, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Hasta allí se trasladó la semana pasada un grupo de preferentistas que recibió a los acusados con abucheos y al grito de 'ladrones' y 'chorizos'.


RONDA DE INTERROGATORIOS 


El tribunal de la Sección Cuarta de Lo Penal continuará la ronda de los interrogatorios con el resto de beneficiarios de las tarjetas opacas, entre los que se encuentra una nutrida representación de formaciones políticas como el Partido Popular, PSOE e IU -como el exconsejero de la caja José Antonio Moral Santín-, además de miembros de los sindicatos de CC.OO y UGT y de CEIM y CEOE.


Precisamente, una de las anécdotas del arranque del juicio la protagonizó el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán al solicitar en la primera sesión de juicio poder ausentarse del mismo alegando motivos de salud, si bien la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, rechazó la petición tras realizarle la prueba médica pertinente.

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