Un informe de Hacienda asegura que Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015

 

Rodrigo Rato siempre ha negado cualquier actividad ilícita y fraude. Pero la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) --dependiente de la Agencia Tributaria-- hizo entrega el pasado 23 de enero al juzgado de instrucción número 31 de Madrid un monumental informe en el que se detallan todas las actividades económicas del expresidente del Gobierno y exministro de Hacienda.

Un informe resultado de casi dos años de investigación y que concluye que Rato no declaró en el IRPF algo más de 14 millones de euros entre los años 2004 y 2015. Así, las cuotas presuntamente defraudadas se elevan a los 6,8 millones. Cifra que supera con creces los 120.000 euros del delito fiscal.

Solo teniendo en cuenta el período de 2009 a 2015 –años en los que los delitos fiscales no han prescrito-- las cuotas supuestamente defraudadas alcanzan los 5,4 millones.

Según ha adelantado este miércoles El País, el informe concluye que Rato se valió de un sistema para defraudar se basaba en “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.

Dicho informe señala que el exvicepresidente del Gobierno utilizó varias sociedades panameñas para ocultar rentas que “han escapado al control fiscal y cuyo beneficiario efectivo ha sido Rato. Las rentas no declaradas ascienden a un importe ligeramente superior a los siete millones. Los países de riesgo utilizados son Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar”.

SUBVENCIONES Y PAGOS DESDE PARAÍSOS FISCALES

El documento hace referencia las actividades de la empresa COR –-fundada por los hermanos del exministro— que construyó el hotel de cinco estrellas Alba de Layos, por el que recibió una subvención de casi un millón de euros por parte de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que en aqule entonces estaba presidida por el propio Rodrigo Rato.

También señalan los pagos hechos por actividades de asesoramiento a varios bancos españoles o a Telefónica, así como el pago de conferencias.

En este caso, la firma Arada se establece como uno de los ejes fundamentales del entramado, por la que, siendo una sociedad legal, recibía pagos de paraísos fiscales.

En el informe, la ONIF señala también la existencia de otro posible delito “de insolvencia punible”.