La Fiscalía de Barcelona inicia una investigación sobre la filtración de datos a la farmacéutica Boheringer Ingelheim

 

Los datos presuntamente extraídos de forma ilícita, se correspondían a correos de los servicios de salud, nombres de pacientes y funcionarios e información confidencial de gestión sanitaria, propiedad de las Comunidades de Andalucía y Extremadura.  Ahora será la Fiscalía Provincial de Barcelona la encargada de investigar los hechos y depurar las posibles responsabilidades penales por una presunta violación de la Ley de Protección de Datos. Pues parece ser que la empresa podría haber utilizado esta información para ejercer presiones contrarias a los criterios de eficiencia y gestión clínica de los profesionales sanitarios, con el objetivo de interferir en las políticas sanitarias.

Según fuentes de la investigación, la farmacéutica Boheringer Ingelheim trató de influir, mediante su departamento de Relaciones Institucionales, sobre una alerta de la Foods and Drugs Administration americana ante el riesgo decetoacidosis diabética derivado del tratamiento con uno de los productos de la firma alemana: la Linagliptina. En la alerta se instaba a revisar los tratamientos con fármacos SGLT2 (dapagliflozina, canagliflozina o empagliflozina) y evaluar si se relacionan con un incremento de la enfermedad en pacientes con diabetes de tipo 2.

Es por eso que desde la Sanidad Andaluza se remitió a los centros de salud un listado por médico de todos los enfermos de diabetes que estaban siendo tratados con alguno de estos medicamentos, para que se les hiciera unseguimiento específico.Esta información llegó a manos de Boehringer Ingelheim que, mediante correos internos, habría apuntado a ejercer una labor de lobby por una supuesta “discriminación y un agravio comparativo” con respecto a otros productos de la competencia.

Pero la alerta afectaba no solo a dichos medicamentos, sino a tres principios activos que contenían también otros productos de otras marcas, tal y como se apuntó desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Ahora todo está en manos de la Fiscalía de Barcelona puesto que la empresa tiene sede social en Barcelona.