Juzgan a Albiol por la presunta instalación de antenas sin licencia en Badalona en 2012

El juicio con jurado popular al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP), por la presunta instalación de antenas de telefonía móvil sin licencia en una comisaría de la localidad en 2012, cuando era alcalde, empieza el lunes en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Albiol se enfrenta a dos años y 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante 10 años y multa de 9.000 euros por un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de prevaricación urbanística, un delito continuado de prevaricación ambiental y omisión del deber de perseguir delitos.

"UN USO TOTALMENTE INCOMPATIBLE"

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, la responsable del departamento de ordenación de Vodafone contactó en julio de 2012 con el que entonces era el Director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento de Badalona para solicitarle hablar con la persona de contacto para tratar de instalar una estación base de telefonía en el Turó d'en Caritg de la localidad.

Este le derivó al gerente y consejero delegado de una empresa municipal de capital íntegramente público, Engestur, y, en virtud del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Badalona, este era el encargado de gestionar las tareas públicas relacionadas con este asunto.

Sin embargo, prosigue el escrito, el consistorio "seguía manteniendo la potestad pública de ejercicio preceptivo para la autorización e intervención de esas instalaciones", así como de velar por la protección de la legalidad urbanística y ambiental relacionada con las mismas.

Según el ministerio público, actuando como alcalde, Albiol decidió autorizar "sin dictar nunca una resolución expresa" que Vodafone pudiese realizar la instalación de telefonía dentro del recinto de la Comisaría Central de la Guardia Urbàna del Turó d'en Caritg.

Lo hizo, prosigue el escrito, aunque tanto él como los otros dos acusados, que también ostentaban un cargo público, sabían que el emplazamiento no era compatible para este uso, lo cual impedía la concesión de una licencia municipal ambiental y urbanística.

El escrito recuerda que en este emplazamiento únicamente se admitía el uso cultural y que los acusados sabían que "emplazar la instalación de telecomunicaciones en ese lugar era un uso totalmente incompatible, prohibido por el ordenamiento urbanístico" y que, una vez en funcionamiento, iba a suponer la emisión de radiaciones que podían suponer un riesgo para la salud humana.

CONECTADA A LA RED DE LA COMISARÍA

Pese a esto, en julio de 2012 Vodafone levantó una antena con tres paneles direccionales de 10 metros de altura, que comenzó a prestar servicio, "sin contar en ningún momento" con el título preciso para ejecutar las obras, indica la Fiscalía, que añade que entre septiembre y octubre Telefónica instaló en las mismas dependencias policiales otra antena, lo que provocó las quejas de una parte de los agentes de la Guardia Urbana de Badalona a través de un sindicato.

En diciembre de 2012, ante la dificultad de los técnicos de Vodafone para acceder al recinto y recargar el combustible necesario para su funcionamiento, se permitió que se conectase a la red eléctrica de la comisaría, sin que la compañía telefónica abonara "importe alguno por los consumos realizados", que han sido cifrados en, al menos, 8.300 euros que finalmente fueron asumidos por el consistorio.

Ambas antenas funcionaron entre 2013 y 2015 -año en el que cambió el gobierno municipal- sin que los acusados, según la Fiscalía, promovieran algún expediente sancionador en materia urbanística o medioambiental ante "las flagrantes infracciones que suponía la existencia de esas instalaciones", que continuaron prestando servicio hasta 2018 y 2019, respectivamente, cuando fueron desinstaladas por las compañías.

Por estos hechos la Fiscalía solicita dos años y 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante 10 años y multa de 9.000 euros para Albiol, mientras que para los otros dos acusados pide un año y medio de cárcel y multa como cooperadores.

La Fiscalía pide que los acusados indemnicen al Ayuntamiento con 17.448,27 euros y añade que, de dicha cantidad, responderán solidariamente Vodafone en 6.562,08 euros y Movistar en 10.886,19; además, a Vodafone le pide que pague los 8.300 euros del consumo de luz de la comisaría de la Guardia Urbana que abonó el consistorio.