Albiol se declara inocente en el caso de las antenas instaladas sin licencia en Badalona

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha asegurado que si le hubieran dicho que había irregularidades en el caso por la presunta instalación de antenas de telefonía móvil sin licencia en una comisaría de la localidad en 2012, "habría actuado", y se ha declarado inocente.

Lo ha dicho este lunes durante su declaración como investigado --en la que ha respondido a todas las partes y que ha durado 51 minutos-- en el juicio con jurado popular en la Audiencia de Barcelona, sesión en la que han declarado 3 de los 6 acusados.

Además de Albiol, entre los acusados está el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Badalona, Miguel Jurado; el entonces gerente de Urbanismo, Xavier Salvà; el gerente de la empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno; el concejal de Urbanismo de su equipo de gobierno, Oriol Lladó, y el jefe del departamento de licencias y obras, Josep Duran.

El alcalde ha alegado que él asumió el cargo y que entre 2011 y 2015 fue delegando competencias: "Sobre el control de la legalidad, en general, era un detalle en el que yo no entraba. Ni en la vía pública ni en cualquier otro ámbito, para eso hay un equipo técnico. Yo en el control de la legalidad no entraba".

Hechos

Según la Fiscalía, la responsable del departamento de ordenación de Vodafone contactó en julio de 2012 con el que entonces era el director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento de Badalona para solicitarle hablar con la persona de contacto para tratar de instalar una estación base de telefonía en el Turó d'en Caritg.

Este le derivó al gerente y consejero delegado de una empresa municipal de capital íntegramente público, Engestur, y, en virtud del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, este era el encargado de gestionar las tareas públicas relacionadas con este asunto.

Según el ministerio público, Albiol decidió autorizar "sin dictar nunca una resolución expresa" que Vodafone pudiese realizar la instalación de telefonía dentro del recinto de la Comisaría Central de la Guardia Urbàna del Turó d'en Caritg.

Lo hizo, prosigue el escrito, aunque tanto él como los otros acusados, que también ostentaban un cargo público, sabían que el emplazamiento no era compatible para este uso, lo cual impedía la concesión de una licencia municipal, ambiental y urbanística.

Conectada a la red de la comisaría

En julio de 2012 Vodafone levantó una antena con tres paneles direccionales de 10 metros de altura, que comenzó a prestar servicio, "sin contar en ningún momento" con el título preciso para ejecutar las obras, y entre septiembre y octubre Telefónica instaló en las mismas dependencias policiales otra antena, lo que provocó las quejas de una parte de los agentes de la Guardia Urbana de Badalona a través de un sindicato.

En diciembre de 2012, ante la dificultad de los técnicos de Vodafone para acceder al recinto y recargar el combustible necesario para su funcionamiento, se permitió que se conectase a la red eléctrica de la comisaría, sin que la compañía telefónica abonara "importe alguno por los consumos realizados", que han sido cifrados en, al menos, 8.300 euros que finalmente fueron asumidos por el consistorio.

Ambas antenas funcionaron entre 2013 y 2015 --año en el que cambió el gobierno municipal-- sin que los acusados, según la Fiscalía, promovieran algún expediente sancionador en materia urbanística o medioambiental.

"Es imposible" que un alcalde controle todo

Albiol ha explicado otro caso en el que el presidente de una asociación de vecinos le contó que había un local, propiedad municipal, en el que se estaban haciendo obras que no estaban controladas y, al ver una posible situación de irregularidad, llamó al teniente de alcalde de patrimonio, que avisó a la Guardia Urbana y cuyos agentes levantaron una acta de actuación no legal.

"Con esto, lo que le quiero decir, es que cualquier miembro de mi gobierno, cuando tuviera constancia de cualquier irregularidad, como ya se demostró con este hecho, habría actuado", se ha defendido Albiol.

Ha sostenido que el Ayuntamiento no puede delegar el conceder licencias a terceros, y ha manifestado que un alcalde no puede estar pendiente de todos los proyectos de la ciudad: "Se lo digo de verdad, pretender que un alcalde, de la tercera ciudad más grande de Catalunya, conozca todos los movimientos de gestión que hace cada una de sus sociedades, es imposible".

Albiol también ha declarado que no recuerda reunirse con responsables de la Guardia Urbana, los cuales explicaron al tribunal que le preguntaron al alcalde si las radiaciones de las antenas provisionales podían ser cancerígenas, aunque no le preguntaron sobre la legalidad de las licencias: "Si lo hubieran hecho, ahí sí que me acordaría".

El alcalde ha especificado que estas antenas estaban situadas en un rincón de un solar grande detrás del edificio de la Guardia Urbana, y ha manifestado que la ciudadanía se tenía que desplazar expresamente a esa zona para ver las antenas, por lo que ha dicho: "No forman parte de mi curiosidad visual".

Declaración de Vizcaíno

También ha declarado Vizcaíno, que ha afirmado que "tenía dedicación expresa en área de urbanismo" si no se le requería en otras áreas.

Ha dicho que Engestur era una empresa municipal que asumió la gestión del control de las instalaciones de telefonía móvil, "a propuesta" suya, pero ha negado que él autorizara a la compañía que instalaran las antenas.

Además, ha detallado que se enteró de que estaban ya instaladas el 7 de marzo de 2020, durante una 'calçotada', y que supo que tenía que declarar a través de una llamada: "No fue hasta que me llamó el secretario judicial para comunicarme que debía declarar por una denuncia que se había filtrado contra mi respecto a unas antenas del Turó d'en Caritg".

Declaración de Jurado

Por su parte, Jurado, quien ocupaba el cargo de concejal con competencias en materia de seguridad entre 2011 y 2015, ha dicho: "Yo no traté el tema ni autoricé ni administré. Fue un tema administrativo de la Guardia Urbana".

Al ser preguntado por si se interesó por si las antenas tenían licencia ambiental, ha declarado ante el juez: "Me aseguraron que las estaban instalando y decían que todo estaba coordinado. Yo no tenía por qué dudar de la palabra de otras áreas que tenían era competencia en ese ámbito y que no eran competencia mía".

Penas

Por estos hechos, la Fiscalía solicita dos años y 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante 10 años y multa de 9.000 euros para Albiol, mientras que para los otros acusados pide un año y medio de cárcel y multa como cooperadores.

La Fiscalía pide que los acusados indemnicen al Ayuntamiento con 17.448,27 euros y añade que, de dicha cantidad, responderán solidariamente Vodafone en 6.562,08 euros y Movistar en 10.886,19; además, a Vodafone le pide que pague los 8.300 euros del consumo de luz de la comisaría de la Guardia Urbana que abonó el consistorio.