Las trabajadoras sociales de Barcelona que atienden a 300 menores de familias vulnerables cobran un sueldo por debajo de convenio

Las trabajadoras sociales del Servei d'Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM) de Barcelona están, desde hace tiempo, luchando por unas condiciones salariales dignas. Es una unidad municipal especializada en atender a familias con menores que viven en asentamientos como chabolas o viviendas que están en malas condiciones. 

Con su trabajo, promueven que los menores sean escolarizados y que reciban asistencia sanitaria regular. A sus padres les dan recursos para encontrar vivienda y trabajo. Actualmente, la plantilla está formada por 13 trabajadoras sociales, que atienden a varias familias que tienen a cargo a cerca de 300 menores.

Según el Ayuntamiento de Barcelona el número de personas en situación de sinhogarismo creció en 2022 en un 52 %; de las 693 personas que dormían en la calle detectadas en el año 2015, la cifra ha crecido a un total de 1.056 el septiembre pasado.

El número de personas en situación de sinhogarismo en Barcelona creció en 2022  un 52%

Además, según los datos más recientes, solo un 10% de las personas usuarias de los servicios que ya funcionan actualmente en la ciudad han vivido desde siempre en Barcelona, mientras que otro 50% lleva menos de 5 años viviendo en la ciudad.

LAS REIVINDICACIONES DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES

Según ha podido saber Catalunya Press, la principal razón de movilización de las trabajadoras (que el pasado martes 31 de enero protestaron de forma pacífica en una jornada en que el Ayuntamiento de Barcelona quería presumir de los trabajos que ha realizado para mejorar la atención a personas sin hogar desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía en 2015), es que su convenio colectivo contempla que deben cobrar un complemento salarial de 280 euros mensuales que no estaban percibiendo.

Durante meses, las trabajadoras intentaron ponerse en contacto con Grupo 5, la empresa que tiene la adjudicación de este servicio por parte del ayuntamiento barcelonés, para hacerles llegar sus peticiones. Tras meses de ausencia de comunicación, se logró establecer un diálogo entre las trabajadoras y la empresa.

La última propuesta que estas habrían recibido era que, desde enero de este 2023 pasaran a cobrar el 100% del sueldo y el complemento salarial y una cantidad de 800 euros en concepto de compensación por los años que no habían cobrado el complemento. La negativa de las trabajadoras habría llevado a que, de nuevo, la comunicación entre las partes se rompiera de nuevo.

UN ASUNTO QUE HA LLEGADO A LOS TRIBUNALES CATALANES

Además, a finales del año pasado, salió una resolución de una demanda que habían presentado a Inspección de Trabajo, que declaraba que estaban cobrando por debajo del convenio.

De hecho, algunas trabajadoras denunciaron la situación, que está en los tribunales, aunque las vistas (el retraso y la acumulación de casos durante los tiempos más duros del coronavirus hicieron que se atrasaran, como tantas y tantas causas) no se harán hasta finales de invierno o la primavera de 2024.

Hasta el 2024 los tribunales no dirimirán las denuncias presentadas por estas trabajadoras sociales que cobran por debajo de su convenio

Más allá de este proceso, la voluntad de las trabajadoras sería que el Ayuntamiento recupere la municipalización del servicio (y también habrían hecho pasos en esa dirección) pero no tendrían demasiadas esperanzas en que eso pasara.

LAS VERSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y LA EMPRESA GRUPO 5

Catalunya Press también ha querido tener la versión del Ayuntamiento y de Grupo 5, después de la protesta de hace unos días.

La empresa Grupo 5 asegura que "cumplimos los diferentes convenios colectivos que aplican a los profesionales y sector en el que se ubican" y añaden que "estamos abiertos al diálogo cordial y búsqueda de acuerdos que supongan ofrecer una atención de calidad a las personas del servicio, que es nuestro objetivo principal como empresa".

Por su parte el gobierno municipal barcelonés apunta que, actualmente, el gasto total del contrato es de 1.576.029,82 euros (para el plazo comprendido entre 2020 y 2023). El Ayuntamiento de Barcelona apunta también que el anterior contrato (2015-2019) era de 1.446.748,71 euros. 

Según fuentes municipales, el contrato actual "incluye mejoras respecto al anterior, como la consolidación de la ampliación de 2 profesionales" y "la ampliación del presupuesto en 45.000 euros (hasta un total de 75.000 euros) para ayudas económicas de urgencias".