La Asociación Avis del Barrio del Bon Pastor consigue que la GAIP tramite la petición de auditoría del Gobierno de Ada Colau

En una larga respuesta a grandes rasgos, el gobierno municipal de Barcelona alegaba que la información que se pide “es de un volumen inasumible, afecta a toda la organización municipal y entes dependientes, y además compran un ámbito temporal de ocho años que actualmente, con los sistemas de información de los que dispone este Ayuntamiento no es posible obtener entera de una forma ordenada y centralizada, y habría que realizar una búsqueda individual de cada uno de los diferentes conceptos pedidos por cada una de las diferentes gerencias y entes dependientes”.

Pero la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), un órgano autonómico independiente, ha admitido a trámite provisionalmente esa misma petición de la auditoría de los ocho años del gobierno de Ada Colau .

Y lo ha hecho gracias a la firma de la petición por parte de 2.100 ciudadanos ya que tras la negativa del Ayuntamiento de Barcelona ahora, la instancia ha subido hasta el ámbito autonómico y la GAIP ha informado que la queja ha iniciado la su tramitación. El primer paso que dará la comisión es pedir al Ayuntamiento la remisión del expediente, de los antecedentes y de un informe jurídico, “a cuya vista evaluará si debe darse traslado a terceras personas afectadas eventualmente por el acceso, y también si es necesario que la Autoridad Catalana de Protección de Datos se pronuncie”.

La GAIP dispone de dos meses para resolver la queja, aunque este período puede alargarse dos semanas más por la petición de informes externos, como es el caso. Según dice en su página web, la principal función de la GAIP es atender a las reclamaciones de la ciudadanía contra la desestimación de acceso a la información. "Se puede reclamar ante la GAIP contra cualquier administración, entidad o empresa pública de Cataluña ".

UNA AUDITORÍA EXTENSA Y PRECISA DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO DE COLAU A LO LARGO DE ESTOS 8 AÑOS

La información que se recababa incluía las compras, subvenciones, contratos, convenios, balance general, deuda, flujos de efectivo y estado de las variaciones del capital contable municipal.

Los demandantes planteaban un “estudio económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas otorgadas”, el dinero público destinado a la defensa jurídica (interna y externa) de los miembros del gobierno y la recaudación de la tasa municipal de recogida de basura, que va fue tumbada por el TSJC.

Además, se pedían las indemnizaciones y gastos de casos de responsabilidad patrimonial, el pago de los costes procesales de sentencias con referencia y nombre del procedimiento, e indemnizaciones pagadas por suspensión de contratos de obras.