La propuesta de ERC para construir más pisos públicos en Barcelona

El partido quiere que el gobierno municipal actúe para poder ampliar el parque público de viviendas en la ciudad

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Pisos en construcción. Foto: Europa Press

 

El portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Castellana, ha destacado la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales para conseguir más margen de gasto y destinar más recursos municipales a la ampliación del parque público de vivienda .

En este sentido, ha propuesto que el consistorio pueda llegar hasta el 40 por ciento de deuda sobre ingresos corrientes para poder afrontar inversiones imprescindibles en la ciudad, como la de la vivienda: "Esta medida permitiría aumentar los recursos en unos 400 millones de euros , que podrían traducirse en 3.200 nuevas viviendas de promoción pública."

Castellana también ha subrayado que la falta de vivienda pública es una prioridad absoluta: "La vivienda debería ser un derecho, pero actualmente es una de las principales preocupaciones de los barceloneses y barcelonesas. Desde ERC hemos trabajado en varios ámbitos, como la regulación de los alquileres desde la Generalitat con la Ley Catalana de la regulación de los alquileres, pero hay que insistir también en la promoción pública, que necesita mayor capacidad de inversión y presupuesto."

En cuanto a las Ordenanzas Fiscales de 2025, Castellana ha anunciado dos medidas destacadas que Esquerra Barcelona ha logrado introducir, además del incremento del recargo turístico de 4€ a 8€ y la modificación de la ley de residuos para garantizar que el turismo pague por el coste de la recogida y aligerar la factura de los ciudadanos:

  1. Ampliación de la bonificación del Porta a Porta hasta el 50% en los barrios donde se aplica.
  2. Descuentos del 40 por ciento en servicios deportivos municipales para personas con diversidad funcional.

 

Con estas iniciativas, Esquerra Republicana dice que "reafirma su compromiso con un modelo de ciudad inclusivo y sostenible, centrándose en la garantía de los derechos sociales". "Este descuento busca fomentar el deporte como herramienta de salud para el colectivo con diversidad funcional, que afronta muchas barreras, y también bonificar a aquellos que hacen un buen uso de la recogida selectiva", ha añadido el concejal.

Por su parte, los republicanos han presentado un ruego para modificar el Plan de Usos del Eixample y evitar la proliferación de supermercados 24 horas, tiendas de souvenirs o de manicura, en detrimento del comercio de proximidad a la ciudad. "En febrero de 2023 se aprobó el plan de usos del distrito del Eixample. Ahora, casi dos años después, se ha demostrado que es ineficaz para combatir la implantación de comercios indeseados", ha afirmado el portavoz adjunto, Jordi Coronas. La semana pasada, el Ayuntamiento detectó casi 2.000 infracciones en una redada de inspecciones en 112 establecimientos, incluyendo infraviviendas en el corazón del Eixample.

Desde ERC se logró desbloquear el Plan de Usos del Eixample, gracias a la inclusión de una disposición final que preveía la revisión del plan en el ámbito de Sant Antoni, un año después de su ejecución. Los republicanos piden revisarlo y convocar al grupo de trabajo con entidades vecinales, comerciantes de Sant Antoni y grupos municipales para su seguimiento, basándose en criterios técnicos y objetivos. "No queremos una ciudad llena de comercios para turistas; queremos una ciudad que cuide a su gente, su comercio y conserve su carácter y personalidad", ha destacado Coronas.

Por último, los republicanos han presentado una propuesta para proteger el derecho a jugar de los niños, centrada en promover cambios normativos para que las actividades escolares no sean consideradas contaminación acústica e implementar medidas técnicas para reducir el impacto del ruido. "Queremos una ciudad tolerante con el ruido de las terrazas o actividades económicas, pero absolutamente intolerante con niños que juegan en los patios", ha afirmado el concejal, quien ha subrayado la importancia de reforzar el diálogo y la mediación entre el vecindario y las escuelas por encontrar soluciones consensuadas que respeten los derechos de todos.

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