Calma tensa en Barcelona ante el desalojo de un vecino de la Casa Orsola

Los Mossos d'Esquadra tienen previsto desalojar, la mañana de este viernes 31 de enero, a un vecino de la Casa Orsola de Barcelona, ubicada en el número 122 del carrer Consell de Cent. La medida cuenta con la autorización del Juzgado de Primera Instancia 8 de Barcelona y afecta a Josep, quien ha residido en la finca durante 22 años.

Josep finalizó su contrato de alquiler en 2021, pero siguió pagando la renta sin abandonar la vivienda para presionar a la empresa propietaria, Lioness Inversiones, con el objetivo de negociar. Tras 2 años de litigios, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la orden de desahucio y el juez ha fijado la fecha para el 31 de enero. Este es el primer desalojo programado en la finca, aunque otros tres pisos están pendientes de resolución judicial.

Carta a las autoridades

Josep ha enviado una carta al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella denuncia que, desde octubre de 2021, los vecinos de la Casa Orsola enfrentan un "proceso de expulsión" tras la compra del edificio por parte de Lioness Inversiones, que lo destina a alquileres de corta duración.

En el momento de la compra, en las fincas del 137 de la calle Calàbria y el 122 de Consell de Cent vivían 27 familias con contratos de alquiler indefinidos o de larga duración. Actualmente, solo 18 pisos siguen habitados, y cinco están inmersos en procesos judiciales de desahucio.

Josep ha denunciado que los pisos desalojados se están alquilando por temporadas a precios que triplican los originales. Además, lamenta que, pese a haber expuesto la situación ante el Ayuntamiento y el Parlament de Catalunya, las administraciones no han tomado medidas efectivas.

Apoyo del Sindicat de Llogateres

El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado una movilización ciudadana para intentar frenar el desahucio, con el respaldo de más de 200 organizaciones. Enric Aragonès, portavoz del sindicato, ha señalado que la Casa Orsola se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación inmobiliaria, especialmente tras la manifestación del 23 de noviembre, que reunió a 170.000 personas.

"Si permitimos este desahucio, abrirá la puerta a más expulsiones", advirtió Aragonès, destacando que los vecinos han intentado negociar nuevos contratos con la empresa propietaria, sin éxito.