CCOO denuncia el despido de un trabajador con discapacidad en el Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de su empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM), se ha visto envuelto en una nueva polémica tras el despido de un trabajador con una discapacidad superior al 33%. El sindicato CCOO ha denunciado públicamente este despido, acusando a la empresa de no cumplir con la legislación vigente en materia de inclusión laboral y de derechos de las personas con discapacidad. 

Según CCOO, BSM habría incumplido su obligación de adaptar el puesto de trabajo del afectado o de ofrecerle una alternativa que fuera compatible con su situación. Esta denuncia se suma a las quejas por otros casos de despidos controvertidos dentro de la empresa municipal, lo que ha provocado una creciente preocupación entre los trabajadores y la sociedad.

BSM no hace comentarios "por respeto a la persona"

Desde BSM, una fuente ha manifestado en exclusiva a CatalunyaPress que la empresa no hará comentarios sobre el caso concreto "por respeto a la información privada de la persona trabajadora", pero ha querido dejar claro que "no se ha producido ninguna situación de discriminación por el motivo mencionado". Esta declaración busca aclarar que, según la versión oficial, no se considera que haya habido ninguna irregularidad en el proceso de despido.

CCOO tilda el despido de "reprobable e inmoral"

Por su parte, Daniel Agudo, delegado de CCOO en Catalunya, ha calificado también en exclusiva para CatalunyaPress el despido de "totalmente reprobable, inmoral e intolerable" desde el punto de vista sindical. Según Agudo, se trata de una "decisión ilegal", ya que la legislación española establece claramente que las personas trabajadoras con discapacidad deben contar con una adaptación razonable de su puesto de trabajo. Esta normativa, además, impone a las empresas una obligación adicional de contratación de personas con discapacidad, en el marco de la corresponsabilidad social. CCOO considera que este despido pone de manifiesto una falta de respeto por los derechos de los empleados.

Agudo ha señalado que el problema podría estar relacionado con un cambio en la dirección de Recursos Humanos de BSM, liderada por Juliana Vilert desde 2024, lo que, según él, ha incrementado de forma notable el número de expedientes sancionadores y denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos de la legislación laboral básica. Además, ha criticado que la empresa siga destinando grandes recursos públicos a la contratación de servicios jurídicos para defender prácticas que, en su opinión, vulneran los derechos de los trabajadores. "¿Cómo puede permitir el Ayuntamiento de Barcelona que se malversen millones de euros públicos en abogados para reprimir a los trabajadores?", ha declarado Agudo.

La protesta convocada por CCOO para el próximo 25 de febrero de 2025 busca visibilizar este conflicto y presionar al Ayuntamiento de Barcelona y a BSM para que readmitan al trabajador y adapten su puesto conforme a la ley. La manifestación, que se llevará a cabo a las 10:30 h frente a la sede de BSM en la calle Calàbria 66, espera contar con una gran participación, tanto de trabajadores como de miembros de la sociedad que ven en este caso una muestra de la creciente precariedad en el entorno laboral municipal.

Es importante recordar que, según la legislación española, las empresas deben cumplir con una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que asciende al 7% en el caso de discapacidades generales y al 2% en el caso de personas con discapacidad intelectual. Además, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las empresas deben adaptar los puestos de trabajo de los empleados que sufran algún tipo de discapacidad, siempre que sea posible.