La incertidumbre por los fondos Next Generation pone en riesgo la rehabilitación de edificios en los barrios del Besòs y la Trinitat Vella

Los proyectos de rehabilitación impulsados en los barrios del Besòs i el Maresme y la Trinitat Vella (ambos de los más vulnerables de Barcelona) podrían perder millones de euros provenientes de los fondos Next Generation EU si no se ejecutan las obras antes del 30 de junio de 2026, tal como exige el Real Decreto 853/2021. Este plazo, establecido por el Gobierno de España, pone en riesgo el acceso a unos recursos clave para la regeneración urbana de algunos de los barrios más vulnerables de Barcelona.

Los fondos europeos, creados para hacer frente a los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, incluyen ayudas para rehabilitar edificios, mejorar la eficiencia energética y garantizar unas condiciones de vida dignas. En el Besòs i el Maresme, el proyecto de rehabilitación —con un presupuesto de 18 millones de euros— prevé actuaciones en 10 bloques de viviendas con graves deficiencias estructurales, como por ejemplo aluminosis. Con una renta per cápita un 40% inferior a la media de la ciudad, muchas familias viven en condiciones precarias, incluso con puntales a casa para evitar desprendimientos.

Aun así, el Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) ha advertido que 6 de los 10 edificios no podrán completar las obras dentro del plazo establecido, hecho que comportaría la pérdida de las ayudas europeas. Esta misma situación se repite en el barrio de la Trinitat Vella, donde también hay proyectos pendientes de finalización.

Ante esta situación, la regidora republicana Eva Baró ha expresado su preocupación a la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, y ha propuesto que el gobierno municipal impulse un frente común barcelonés para exigir al Estado una ampliación del plazo. Además, ha reclamado una estrategia alternativa para garantizar una dotación económica equivalente en caso de que los plazos no se cumplan, asegurando que esta no implique una carga tributaria para los beneficiarios.

Paralelamente, el Grupo Parlamentario de ERC en el Congreso, mediante una proposición no de ley impulsada por la diputada Etna Estrems, ha pedido al Gobierno español que modifique el Real Decreto 853/2021, cosa que permite que sea suficiente iniciar las obras antes del 30 de junio de 2026, en lugar de exigir la finalización. También reclama la creación de un fondo alternativo no tributario y la realización de un informe sobre el estado de ejecución de los proyectos con fondos europeos, que tendría que presentar antes del 30 de septiembre de este año.

Las propuestas buscan garantizar que las familias más afectadas no queden desprotegidas y que se pueda cumplir el objetivo de los fondos europeos: asegurar viviendas dignas, seguras y sostenibles para todo el mundo.