Catalunya lidera en transparencia sobre publicidad institucional: España se queda atrás

El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación exige a los Estados miembros incrementar su transparencia respecto a los fondos públicos destinados a empresas periodísticas. Esta medida busca evitar que las administraciones alteren el mercado de los medios con "premios y castigos" a sus aliados y enemigos mediante el uso de recursos públicos. La normativa debe aplicarse en España antes de agosto de 2025, y el Gobierno ya ha comenzado a preparar el terreno, destacando la importancia de hacer públicas las cifras sobre publicidad institucional.

En este contexto, el Ejecutivo español, encabezado por su presidente, ha subrayado la necesidad de informar sobre la distribución de la publicidad institucional. El argumento es que algunos medios, especialmente los de orientación conservadora, reciben más fondos públicos de los que sus niveles de audiencia justificarían. Esta preocupación forma parte de un conjunto de medidas conocido como el "Plan de Regeneración Democrática", que además de cumplir con el reglamento europeo, incluye propuestas de reforma de las leyes orgánicas de Derechos a la Rectificación y Protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen.

Sin embargo, la transparencia en la publicidad institucional no es una práctica extendida en todas las administraciones. Un ejemplo destacable es el de la Generalitat de Catalunya, que publica anualmente el monto destinado a cada medio de comunicación.

En 2023, el grupo Godó fue el mayor beneficiario, con más de 5 millones de euros en ingresos publicitarios. Otros medios, como el Grupo Zeta y las televisiones públicas catalanas, también recibieron fondos significativos. Por el contrario, el Gobierno central solo publica una memoria anual que no especifica qué medios reciben los fondos asignados a ministerios y entidades públicas.

Esta situación pone de manifiesto la falta de transparencia en algunas administraciones y el esfuerzo que Europa exige para regular el uso de los fondos públicos, evitando que el poder político los utilice para influir en la libertad y pluralidad informativa.