Problemas para Ángel María Villar: ¿a juicio por su gestión al frente de la Federación Española de Fútbol?

El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar a Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por presunta corrupción relacionada con contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio económico de 4,5 millones de euros a la RFEF. Entre los delitos imputados se incluyen administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental.

El caso, conocido como 'caso Soule', involucra a otras siete personas y una entidad jurídica, destacando a Juan Padrón, exvicepresidente de la RFEF, y a Gorka Villar, hijo de Ángel María Villar. Según el juez, Villar y Padrón habrían utilizado sus cargos para obtener contratos ventajosos para su entorno, perjudicando los intereses de la Federación. Entre las irregularidades, se señala que los contratos obtenidos para la RFEF implicaban condiciones económicas desfavorables, y algunos pagos fueron realizados por servicios que no se prestaron o no fueron acordados adecuadamente.

Una de las principales acusaciones está relacionada con la imposición de partidos amistosos de la selección española con rivales elegidos por Villar y su hijo, Gorka, a través de la empresa Sport Advisers SL. Estos encuentros, según el juez, habrían supuesto un perjuicio de 3,83 millones de euros para la RFEF, mientras que Gorka Villar habría recibido más de 366.000 euros de ganancias personales. Los rivales seleccionados incluyeron equipos como Corea del Sur, Chile y Venezuela, y los acuerdos habrían reducido los ingresos que la RFEF podría haber obtenido si se hubieran negociado mejor las condiciones.

Además, Gorka Villar habría firmado contratos de asesoramiento legal con federaciones extranjeras, asegurando que los partidos se jugaran a precios más bajos de lo que la RFEF podría haber cobrado. El juez también señala otras irregularidades, como pagos a personas cercanas a Villar por servicios no prestados y la manipulación de la jubilación de la secretaria de Villar para evitar la pérdida de derechos económicos, lo que generó un costo adicional para la RFEF de más de 235.000 euros.

En total, las acciones de los implicados en el caso habrían causado un perjuicio significativo a la RFEF, tanto en términos económicos como de integridad. El juez considera que existen pruebas suficientes para que el caso avance a juicio.