Presupuestos en la cuerda floja: las pensiones desafían la estabilidad fiscal en España

Las Cámaras inician su actividad y con ello comienza el proceso de aprobación de los Presupuestos más complejos en años. Los presupuestos del año 2024 estarán profundamente influenciados por dos elementos fundamentales. Uno de ellos es una novedad: la reintroducción de las reglas fiscales, que requerirán un esfuerzo excepcional para equilibrar los ingresos en disminución con gastos desmesurados. El segundo elemento está directamente relacionado con lo anterior: el nuevo gobierno deberá asignar cerca de 200,000 millones de euros para financiar una única partida, las pensiones.

Los cambios demográficos, la falta de una reforma más decidida y medidas controvertidas como la indexación de las pensiones a la inflación siguen aumentando la magnitud del problema que enfrenta la Seguridad Social. La erosión de sus finanzas es incontenible. Para comprender las cifras en contexto, es importante señalar que actualmente el Estado está destinando 3,200 millones de euros por semana únicamente para pagar pensiones. Esta cifra aumentará mes a mes, estableciendo récords continuos.

El pasado julio se alcanzó un hito relevante. Los pagos mensuales de pensiones superaron por primera vez los 12,000 millones de euros. Para tener una idea del problema, lo que costaba cubrir los pagos de pensiones hace pocos años ahora solo cubre seis meses. Entre enero y junio, la Seguridad Social destinó 72,000 millones de euros para pagar nóminas, la misma cifra que se destinaba en todo 2008 para cumplir con las obligaciones de los pensionistas.

Desde la destitución de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez, el costo anual de las pensiones ha aumentado en casi 42,000 millones. Para el cierre de 2023, representará aproximadamente el 15% del Producto Interior Bruto (PIB). El gasto en pensiones contributivas se acercará a los 168,000 millones de euros y continuará en aumento en 2024. En los presupuestos de este año, la partida total para pensiones implicaba un incremento del 11% en relación al PIB (190,000 millones), incluyendo pensiones contributivas y no contributivas, así como la nómina de funcionarios de clases pasivas.

LA FACTURA EN EL PUNTO DE MIRA

El costo podría alcanzar alrededor de 200,000 millones de euros, representando un desafío significativo para los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Las negociaciones presupuestarias comenzarán con dos advertencias sustanciales sobre la mesa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) envió una clara advertencia en marzo al ex presidente del organismo, José Luis Escrivá, quien también es ministro de Seguridad Social. La AIReF sostiene que la reforma implementada por el Gobierno de coalición no será suficiente para limitar el gasto al nivel exigido por la Comisión Europea.

Escrivá confía en aumentar los ingresos de la Seguridad Social hasta el 1.7% del PIB para 2050. Sin embargo, la AIReF reduce esta cifra al 1.1% y pronostica que el gasto en pensiones superará el 16% en ese mismo año, lejos del promedio del 16.3% que Bruselas busca para mediados de siglo. Para entonces, el Estado deberá sostener las nóminas de 15 millones de pensionistas, cinco millones más que en la actualidad. Otra advertencia al Gobierno proviene del Banco de España. En un contexto inminente de ajustes debido al retorno de las reglas fiscales, la institución advierte que el gasto en pensiones es la principal amenaza para la deuda pública. "Si en los próximos años no se realiza ningún ajuste fiscal en nuestro país y no se activa el mecanismo de ajuste automático en el sistema de pensiones", indica el Banco de España, "la relación entre la deuda pública y el PIB aumentará de manera constante, hasta alcanzar alrededor del 120% en 2040".

Este "ajuste automático" es el mecanismo propuesto por Escrivá. Implica un aumento en las cotizaciones, que será más pronunciado cuanto mayor sea la diferencia entre los ingresos previstos y los reales. Esta decisión se tomará en 2025 y será comunicada al Gobierno por la AIReF. La preocupación de los empresarios radica en que para entonces la actual coalición de gobierno aún podría estar en el poder, habiendo aprobado ya un aumento significativo en las cotizaciones para financiar las pensiones.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) recuerda que antes de la última reforma, las cargas de la Seguridad Social que asumían las empresas españolas ya estaban entre las más altas de la UE y la OCDE. Este centro de pensamiento advierte que el aumento de las cotizaciones deteriorará aún más la competitividad fiscal de las empresas españolas. Según sus cálculos, esto podría tener un impacto negativo del 0.6% en la actividad económica, ya que resultaría en una reducción del consumo y la inversión privada (0.5% y 0.2%, respectivamente). Además, el IEE sostiene que el aumento de las cotizaciones podría traducirse en la pérdida de entre 100,000 y 190,000 puestos de trabajo.

En resumen, la gestión de las pensiones se erige como uno de los mayores desafíos en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El retorno de las reglas fiscales y la necesidad de financiar las crecientes pensiones están presionando la capacidad financiera del gobierno. Mientras se anticipa una dura negociación presupuestaria, las autoridades deberán enfrentar la compleja tarea de encontrar soluciones sostenibles para garantizar la viabilidad de las pensiones y el equilibrio fiscal.