Los inspectores de Hacienda tachan de "barbarie" el acuerdo entre el PSOE y ERC

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha emitido un comunicado expresando su rechazo absoluto al preacuerdo alcanzado recientemente que propone un modelo de financiación singular para Cataluña, calificándolo de una "barbarie" con graves consecuencias para todos los españoles.

El comunicado de la IHE subraya que dicho preacuerdo viola principios constitucionales fundamentales. Según el artículo 133 de la Constitución, la potestad tributaria originaria corresponde al Estado, permitiendo a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y entidades locales establecer y exigir impuestos, pero sin que estas puedan asumir la recaudación de los principales impuestos estatales.

La IHE advierte que este modelo "a la carta" para Cataluña, basado en un supuesto reconocimiento de una singularidad histórica, rompe con los principios establecidos en la Constitución y tiene el potencial de desestabilizar la coordinación del sistema tributario español. Además, prevé un aumento del fraude fiscal, un incremento innecesario de los costos para los ciudadanos y una grave afectación a los servicios públicos, especialmente perjudicando a quienes tienen menos recursos.

El comunicado también señala las posibles repercusiones negativas sobre la seguridad jurídica del tejido empresarial y los contribuyentes españoles. La desaparición de la Agencia Tributaria en Cataluña y la creación de una supuesta Agencia tributaria catalana nacional son vistas como medidas insostenibles y contrarias al ordenamiento jurídico vigente.

La IHE afirma estar dispuesta a utilizar todos los medios legales para impedir la implementación de este preacuerdo y proteger los intereses de los inspectores destinados en Cataluña. Asimismo, critica al Gobierno y a la ministra de Hacienda, recordando que hace unos meses se aseguraba que un concierto económico con Cataluña no estaba en los planes del Ejecutivo.

Finalmente, la IHE hace un llamado a la racionalidad y al respeto al Estado de Derecho, instando al Gobierno a no ceder en negociaciones políticas que comprometen la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, principios consagrados en la Constitución.