España enviará a Bruselas su primer plan fiscal estructural para cumplir con las nuevas reglas de la UE

El Gobierno de España enviará esta semana a Bruselas su primer plan fiscal estructural, un documento clave que debe cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE). Este plan detalla los compromisos concretos del país para ajustar sus cuentas públicas en los próximos años, enfocándose en reducir la deuda de manera gradual y sostenida, además de priorizar inversiones y reformas.

El plan fiscal estructural forma parte del nuevo marco de gobernanza económica de la UE, en el cual todos los Estados miembros están obligados a enviar a la Comisión Europea sus respectivas políticas fiscales. Este documento debe especificar cómo cada país se compromete a reducir su deuda pública y el déficit, elementos clave para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

Una de las principales diferencias con los anteriores documentos es que el plan fiscal tiene un enfoque a medio plazo, abarcando cuatro años, o hasta siete si incluye reformas estructurales. Esto busca evitar la revisión constante de los objetivos fiscales cada año, como sucedía anteriormente. El seguimiento del cumplimiento también cambia, priorizando el control del gasto estructural neto sobre el déficit, es decir, se controlará el gasto sin tener en cuenta los intereses de la deuda o la financiación de programas europeos.

Otra novedad es que las medidas para ajustar las cuentas públicas serán propuestas por cada país, en lugar de ser impuestas por Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea tendrá que certificar que dichas medidas son suficientes para colocar la deuda en una trayectoria descendente.

En el caso de España, aunque aún no se conocen los detalles específicos del ajuste, se espera que el plan incluya compromisos fiscales y de gasto, pero sin recortes drásticos. Según las estimaciones de la AIReF, el ajuste podría suponer entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales en función del período escogido.

Este plan fiscal, aunque no requiere aprobación del Congreso, será presentado en las Cortes para garantizar la transparencia y el debate público sobre las políticas fiscales del país.