Los españoles que cobren la prestación del paro deberán hacer la Renta a partir de 2025

A partir del próximo año, todos los desempleados que reciban una prestación por desempleo deberán presentar la declaración de la renta, independientemente de si superan o no los ingresos mínimos que antes les eximían de esta obligación. Esta medida forma parte de un decreto aprobado en mayo y entrará en vigor el 1 de noviembre de este año, por lo que los beneficiarios de estas prestaciones tendrán que declarar sus ingresos durante la campaña de la renta de 2025.

Hasta ahora, las personas que percibían prestaciones por desempleo no estaban obligadas a hacer la declaración si sus ingresos no superaban los 22.000 euros anuales, o los 15.000 euros si tenían más de un pagador y uno de ellos les había pagado más de 1.500 euros anuales. 

Sin embargo, con la nueva normativa, todos los parados que reciban prestación estarán obligados a cumplir con esta obligación tributaria, independientemente de la cantidad que perciban. Esta modificación se suma a la que también afecta a los autónomos, quienes desde este año tienen la obligación de presentar la declaración de la renta, independientemente de sus ingresos.

El decreto contempla otras medidas importantes para mejorar la protección de las personas desempleadas. Una de ellas es el aumento progresivo del subsidio por desempleo, actualmente fijado en 480 euros al mes (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples - Iprem). Esta subida, pactada con los sindicatos CCOO y UGT, no contó con el apoyo de la patronal CEOE y Cepyme. Además, el decreto amplía el número de beneficiarios de esta prestación y permite la compatibilidad entre el subsidio y la prestación contributiva de desempleo con un salario.

Es importante destacar que no cumplir con la obligación de presentar la declaración de la renta podrá tener consecuencias graves. El decreto establece que los beneficiarios que no cumplan con esta obligación fiscal podrán perder su prestación por desempleo, además de enfrentar las sanciones que el Ministerio de Hacienda impone por no declarar. Esto refuerza el control sobre los beneficiarios para asegurar que cumplen con las normas fiscales y asistenciales.