El impuesto que amenaza con hundir los planes ecológicos de las grandes energéticas

La transición hacia un modelo energético más sostenible es el reto más grande para las empresas del sector en España. Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy están apostando fuerte por las tecnologías verdes, pero enfrentan un obstáculo importante: el gravamen extraordinario que el Gobierno pretende hacer permanente. Este impuesto, también conocido como “impuestazo”, está generando controversia, ya que afecta directamente a su capacidad para invertir en proyectos sostenibles y también a sus cuentas de resultados.

Desde el sector, se alza la voz en contra de la medida anunciada recientemente por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues se argumenta que va en detrimento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan estima una inversión de 308.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales el 82% provendrá del sector privado. Las grandes energéticas advierten que, con el gravamen en vigor, es probable que estas inversiones no se materialicen. En particular, Repsol ha sido uno de los actores más vocales, señalando que sus proyectos de incorporar tecnologías verdes en refinerías clave como Tarragona, Cartagena y Bilbao están "congelados" debido a la incertidumbre fiscal.

El impacto del impuesto no solo afecta a Repsol. Endesa, por ejemplo, ha destacado que este gravamen crea una desventaja competitiva dentro de la Unión Europea, poniendo en riesgo sus inversiones en energías renovables. La empresa incluso ha comenzado a considerar trasladar parte de sus proyectos a Portugal, donde las condiciones fiscales son más favorables.

En el caso de Cepsa y Naturgy, la preocupación es compartida. Ambas compañías han presentado recursos legales ante la Audiencia Nacional para frenar el gravamen. Cepsa, cuyo principal inversor es el fondo soberano Mubadala de Abu Dabi, ha advertido que este impuesto podría afectar gravemente sus operaciones en España, llevando incluso a pérdidas. Por su parte, Naturgy ha visto cómo el impuesto ha frenado posibles inversiones de otros actores extranjeros, lo que añade más presión sobre la necesidad de revisar esta política fiscal.

Iberdrola también ha señalado que España es el país donde soporta la mayor carga fiscal en comparación con otros mercados, como Estados Unidos, Reino Unido o Brasil, donde las condiciones regulatorias son más estables.

El gravamen extraordinario fue aprobado en 2022 y establece una tasa del 1,2% sobre los ingresos anuales de las grandes energéticas. Aunque en 2024 los pagos serán menores debido a la caída de precios del gas y la electricidad, las empresas siguen alertando sobre el impacto a largo plazo de mantener esta carga fiscal, que compromete su capacidad de liderar la transición energética. Mientras tanto, el sector energético se prepara para un intenso trabajo de lobby con el objetivo de modificar la normativa antes de que finalice el año.