El pequeño comercio contra Amazon: el gigante de la venta electrónica declarará en un juzgado de Mataró

En un caso que se podría definir como un David contra Goliat, las sociedades de Amazon en España (Amazon EU Sarl, Amazon Online Spain y Amazon Spain Fulfillment) afrontan una investigación penal. La jueza Dolores del Pino, del Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró, ha citado a los responsables de estas sociedades a declarar en marzo de 2025, tras admitir a trámite una denuncia que acusa a Amazon de operar como "organización criminal" en relación con las cuentas de vendedor en su plataforma.

Según ha publicado Economía Digital, el caso comenzó en 2019, cuando un empresario, que hoy dirige una empresa de calderas, abrió una cuenta de formación en Amazon a través de su sociedad, Hauscare, sin fines comerciales. Paralelamente, otra empresa familiar, Tuyson, para la que también trabajaba, abrió otra cuenta en Amazon para vender productos. Sin embargo, al cabo de unos meses, Amazon bloqueó la cuenta de ventas de Tuyson al alegar que ambas cuentas estaban vinculadas, una práctica que supuestamente va en contra de sus políticas. Tras investigar el caso, Amazon concluyó que no existía relación indebida entre las cuentas y permitió que Tuyson reanudara sus actividades.

El problema, no obstante, resurgió en abril de 2021, cuando Amazon bloqueó las cuentas de Tuyson en sus plataformas de Italia, Reino Unido y Dinamarca. La compañía alegó, nuevamente, una vinculación entre ambas cuentas, a pesar de que la cuenta de Hauscare ya estaba cerrada desde hacía tiempo. A raíz de este bloqueo, Tuyson dejó de vender productos, perdió clientes y solo pudo recuperar un 15% del inventario que Amazon retenía en sus almacenes. Según el empresario denunciante, la compañía de comercio electrónico también redujo el saldo en su cuenta de más de 20.000 a menos de 6.000 euros, al cobrar por servicios logísticos a pesar de que no podía operar con la cuenta bloqueada.

La denuncia, gestionada por el despacho Gesico en representación del empresario, acusa a las entidades de Amazon en España de "apropiación indebida y/o estafa". Alega que la multinacional retuvo los productos y fondos del empresario sin una justificación válida y destaca la aparente intención de Amazon de lucrarse al incorporar bienes de terceros a su propio patrimonio. En este contexto, el abogado sostiene que las acciones de Amazon responden a un "evidente ánimo de lucro", y subraya el daño económico que las decisiones de Amazon han causado a su cliente.

En la denuncia, el abogado de la empresa asegura que las prácticas de Amazon, de acuerdo con el proceder descrito, se asemejan al funcionamiento de una "organización criminal", dado que las acciones repetidas y presuntamente coordinadas entre varias de sus entidades habrían afectado a vendedores en una situación similar. Este argumento se apoya en la definición de organizaciones criminales como grupos que, bajo una fachada de legalidad, aumentan de forma sistemática la gravedad de sus actos perjudiciales.

Amazon, que está siendo representada en este caso por el despacho Garrigues, no ha emitido declaraciones al respecto al citado medio especializado en economía. De acuerdo con fuentes cercanas, la multinacional sigue una estricta política de vinculación de cuentas para evitar prácticas fraudulentas en su plataforma, aunque el empresario sostiene que la aplicación de estas normas ha resultado en un perjuicio significativo e injustificado.

Con esta denuncia, Amazon podría enfrentar un proceso legal prolongado en España, ya que el empresario señala que existen otros vendedores afectados en circunstancias similares, lo que subraya la relevancia del caso para la industria de comercio electrónico y las protecciones a los vendedores en plataformas digitales.