La reforma fiscal que podría hundir la sanidad privada y colapsar la pública

El Ministerio de Hacienda ha incorporado buena parte de las propuestas tributarias de Sumar en la negociación de los Presupuestos de 2025, incluyendo la eliminación de la exención fiscal para los seguros privados. 

A partir del próximo año, estos seguros estarán sujetos al impuesto sobre primas de seguro (IPS), lo que ya ha generado reacciones en el sector. Las aseguradoras han adelantado que este cambio se traducirá en un aumento de precios que recaerá sobre sus clientes, según han advertido desde el sector. 

El acuerdo entre los socios de la coalición de gobierno defiende que la exención de la que actualmente gozan los seguros privados tiene un "claro sesgo regresivo", beneficiando sobre todo a las personas y familias de mayores ingresos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó que la medida busca que "paguen más quienes más tienen". Sin embargo, las aseguradoras rechazan este argumento, señalando que el 30% de la población española cuenta con un seguro privado, lo que no corresponde solo a las rentas altas.

La patronal Unespa subrayó que "uno de cada cuatro ciudadanos decide voluntariamente contratar esta protección", abarcando perfiles socioeconómicos diversos que, en muchos casos, reducen su uso de los servicios sanitarios públicos. Según sus estimaciones, en España hay 12,4 millones de personas con seguros privados, quienes podrían verse afectados por la reforma.

Impacto en la Sanidad pública y privada

Se espera que el nuevo impuesto provoque un aumento de un 8% en las primas de los seguros, lo que podría llevar a muchos asegurados a cancelar sus pólizas. Esto generaría un incremento en la demanda de la Sanidad pública, afectando las ya largas listas de espera y la saturación del sistema. 

Las aseguradoras alertan de que, al mismo tiempo, la sanidad privada podría quedar sobredimensionada, amenazando la viabilidad financiera de algunos hospitales.

La reforma fiscal también incluye aumentos en impuestos a las rentas de capital, a los apartamentos turísticos, jets, artículos de lujo y sociedades de inversión inmobiliaria, lo que ha generado tensiones con partidos como Junts y PNV, que prefieren evitar nuevas subidas fiscales. Además, el Ejecutivo se enfrenta a desafíos con su izquierda, especialmente por la retirada del impuesto sobre las energéticas, un tema que sigue en discusión.

La situación es especialmente tensa en el sector de seguros tras la ruptura del convenio de Muface, que ha dejado a 1,5 millones de funcionarios en el limbo, complicando aún más la relación entre el Gobierno y las aseguradoras.