¿Qué implican las históricas sanciones de Consumo a cinco aerolíneas lowcost?

El Ministerio de Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy, ha impuesto sanciones que ascienden a casi 179 millones de euros a cinco aerolíneas lowcost tras una exhaustiva investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Consumo. Este caso representa un hito en la protección de los derechos de los consumidores, marcando la multa más elevada en este ámbito en España. Las prácticas identificadas fueron consideradas como infracciones muy graves de la normativa de consumo, lo que ha generado un amplio debate en el sector.

Entre las aerolíneas sancionadas se encuentran Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, con multas que varían según la gravedad de las infracciones cometidas. Ryanair recibió la sanción más elevada, de 107.775.777 euros, mientras que Volotea fue sancionada con 1.189.000,99 euros. Las compañías están obligadas no solo a pagar estas cuantías, sino también a cesar las prácticas consideradas abusivas. 

Estas incluyen el cobro de suplementos por equipaje de mano, sobrecostes por reservar asientos contiguos para menores o personas dependientes, prohibición de pagos en metálico en los aeropuertos españoles y la imposición de tasas excesivas por imprimir tarjetas de embarque. Asimismo, se detectaron omisiones engañosas y falta de claridad en los precios publicados, lo que dificultaba la comparabilidad de las ofertas. En el caso de Ryanair, se sancionó específicamente un cobro desproporcionado por imprimir billetes en la terminal.

Las aerolíneas disponen de un plazo de dos meses para recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional. Ryanair ya ha anunciado que lo hará, calificando las sanciones de ilegales, infundadas e inventadas por motivos políticos. Esta postura ha generado controversia, ya que desde el Ministerio de Consumo se insiste en que las multas están respaldadas por una rigurosa investigación y tienen como objetivo garantizar un mercado más justo y transparente para los consumidores.

La medida ha sido bien recibida por organizaciones como la OCU, que han aplaudido la actuación del Ministerio y han solicitado medidas cautelares para impedir que las aerolíneas sigan aplicando estas prácticas mientras se resuelven los recursos. Pablo Bustinduy ha reiterado el compromiso del Ministerio de Consumo de proteger los derechos de los usuarios frente a modelos de negocio que se aprovechan de su posición dominante para imponer prácticas abusivas.