¿Cómo pretende cambiar la política de alquileres el Sindicat de Llogateres? Este es su programa

Este sábado 23 de noviembre, el Sindicat de Llogateres ha reunido a cientos de personas en una manifestación en Barcelona para reclamar cambios significativos en la política de alquiler en la ciudad. Con un mensaje claro y contundente, reivindicaron que la vivienda es un derecho fundamental que debe ser protegido frente a los intereses especulativos del mercado. Pero ¿cómo pretende cambiar los alquileres el Sindicat de Llogateres? A continuación, su programa.

Este sindicato, activo desde 2017, ha centrado su lucha en la desmercantilización de la vivienda y el suelo, con el objetivo de garantizar hogares dignos y comunidades estables. Su trabajo ha permitido avances importantes, como detener fondos buitre, reducir precios de alquiler, cancelar deudas ilegítimas, regular el mercado de alquileres y prolongar contratos. En esta nueva etapa, el Sindicat actualiza su programa con propuestas ambiciosas y bien definidas.

El Sindicat apuesta por la regulación del precio de los alquileres como un eje fundamental. La Ley 11/2020, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, demostró ser una herramienta efectiva al reducir un 5% el precio medio de los alquileres en las 80 ciudades donde se aplicó. Actualmente, con la Ley de Vivienda estatal, Cataluña tiene la posibilidad de regular nuevamente los alquileres, y el objetivo es que esta regulación se implemente y mejore cuanto antes, vinculando los precios a los ingresos familiares y no a las dinámicas especulativas del mercado.

Una de sus principales demandas es que todos los contratos de alquiler sean renovables automáticamente para garantizar la estabilidad de los inquilinos. Esto eliminaría situaciones de expulsión al final de los contratos y proporcionaría una seguridad de tenencia similar a la que ya es habitual en otros países europeos.

El sindicato también celebra haber puesto fin al cobro de honorarios inmobiliarios a los inquilinos, pero exige una regulación más estricta para evitar abusos por parte de las inmobiliarias. Denuncian los procesos discriminatorios y clasistas en la selección de inquilinos y abogan por normas claras que prohíban estas prácticas.

Otro punto destacado de su programa es la necesidad de eliminar cláusulas abusivas en los contratos. Exigen que la fianza se limite a una o dos mensualidades, según el caso, y que no se permitan garantías adicionales ni la imposición de seguros de impago. Además, defienden el derecho de los inquilinos a sindicarse, negociar colectivamente y ejercer el derecho a la huelga frente a vulneraciones.

El sindicato considera urgente recuperar los más de 80.000 inmuebles desviados al mercado turístico en Cataluña, devolviéndolos al sistema residencial. También exigen combatir los alquileres temporales fraudulentos que evitan las normativas aplicables a viviendas habituales.

Entre las medidas de largo plazo, destacan la ampliación del parque de vivienda pública y protegida, destinado exclusivamente al alquiler social. Proponen recuperar viviendas vacías en manos de fondos de inversión y grandes tenedores para destinarlas a usos sociales, así como implementar el alquiler social obligatorio para evitar desahucios de familias vulnerables.

El Sindicat señala también la necesidad de eliminar instrumentos de especulación financiera, como las SOCIMI, que consideran responsables de disparar los precios y fomentar la expulsión de vecinos en diversas ciudades. Denuncian los beneficios fiscales que estas entidades reciben y que agravan la crisis habitacional.