Crisis laboral sénior: el empleo excluye a los mayores y las arcas públicas pagan la factura

El desempleo entre los mayores de 55 años en España ha alcanzado cifras récord, con 687.929 personas recibiendo algún tipo de prestación por desempleo, según datos del SEPE. Este grupo, que representa el 39,1 % de los perceptores de estas ayudas, está en gran medida compuesto por prejubilados forzosos que, al perder su empleo, se limitan a cobrar prestaciones hasta alcanzar la jubilación. Este fenómeno, que ha ido en aumento desde la crisis financiera, ha duplicado su peso respecto a 2009, pasando del 17,4 % al 39,1 % actual.

Aunque la mejora general del empleo ha reducido las tasas de paro, este colectivo sigue creciendo. El 62 % de los mayores de 55 años cobran subsidios, mientras que solo el 23,7 % accede a prestaciones contributivas. La mayoría de estos desempleados pasan a recibir el subsidio para mayores de 52 años, que puede prolongarse hasta que cumplen los requisitos para una pensión.

El problema, antes asociado a despidos colectivos con acuerdos ventajosos, ahora se debe a la imposibilidad de encontrar empleo. Este cambio refleja un mercado laboral que excluye progresivamente a los trabajadores seniors, condenándolos a vivir con ingresos mínimos de 480 euros al mes.

En respuesta, el Gobierno ha impulsado reformas como la reciente modificación de los subsidios por desempleo. Entró en vigor el 1 de noviembre, con medidas como cuantías decrecientes para incentivar la búsqueda de empleo y el mantenimiento de la cotización del 125 % en el caso del subsidio para mayores de 52 años. Sin embargo, esta reforma ha sido criticada por no abordar el origen del problema: la falta de oportunidades laborales para este colectivo.

El Ejecutivo ha prometido un plan especial para parados mayores de 45 años, pero expertos dudan de su eficacia, señalando la fragmentación y burocracia que dificultan las políticas activas de empleo. Sin un enfoque que implique a las empresas y promueva la contratación de seniors, el problema podría perpetuarse, afectando no solo al mercado laboral, sino también a las arcas públicas y al sistema de pensiones.

El desafío radica en revertir una "cultura de prejubilación" que ha pasado de ser una salida pactada con beneficios a una trampa de exclusión para miles de trabajadores mayores.